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Vamos por la Reforma Democrática

mayo 2, 2022
En Juan Rosales, Opinión
Opinión de Juan Rosales

Opinión de Juan Rosales

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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional en material electoral, segunda de las tres que el Ejecutivo nacional tiene previstas someter, durante lo que resta de su gobierno, a la consideración del cuerpo legislativo nacional. La primera de ellas fue la que, en materia eléctrica, fuera rechazada el pasado 17 de abril por el bloque de los partidos de oposición a la 4T, y la siguiente será la que propone que la Guardia Nacional pase a formar parte integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Efectivamente, en la conferencia matutina del jueves 28 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tomó la palabra para informar que, siguiendo instrucciones del presidente, un grupo de trabajo, encabezado por la coordinadora jurídica, e integrado por Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y otros compañeros habían “… terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática…” enfatizando: “… Más que una reforma electoral, esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México.

Los alcances de esta iniciativa de reforma constitucional coinciden plenamente con la definición de una reforma democrática ya que, como se explica en la exposición de motivos, el objeto de esta es adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas que ha vivido nuestro país en los últimos años. Principalmente busca facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, ampliar la representatividad, garantizar la pluralidad en los poderes públicos así como fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando el equilibrio de poder y la imparcialidad en las contiendas electorales.

La reforma a más de veinte artículos de nuestra Constitución, propone diez objetivos. Para efectos de este comentario me permito referirme brevemente a algunos de ellos, los cuales incluyo por separado en los dos párrafos siguientes. Primero los relativos al sistema electoral propiamente dicho y los que refieren cambios propuestos en la elección de representantes populares y al financiamiento público de los partidos políticos, posteriormente. 

En materia electoral centran su atención en: dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad; erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder; conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y jurídicas únicas, bajo el principio de la austeridad republicana; elegir mediante voto secreto, directo y universal a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.

En cuanto a la elección de los representantes populares y a los recursos otorgados a los partidos: elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes; eliminar 200 diputados federales y 32 senadores para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado; limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se les otorga mensualmente. La letra en negrilla no aparece en el original.

Llamo a su amable atención, estimados lectores, el papel central que esta iniciativa le otorga a la participación ciudadana ya que desplaza al sistema electoral vigente, basado en el predominio de las instituciones electorales y de la “partidocracia”, puesto que la ciudadanía participará directamente en la postulación y elección de las autoridades electorales, así como de todos sus representantes en los órganos legislativos y la propuesta disminución del gasto público originada en la extinción de los organismos electorales estatales y en la reducción de los recursos destinados al sostenimiento de los partidos políticos.

A decir de diversos especialistas esta reforma constitucional podría correr la misma suerte que la votada el domingo 17 de abril, en la que Morena y sus aliados no lograron la mayoría de dos tercios para ser aprobada. En este caso me permito proponerles dos reflexiones finales. Una relacionada con las alternativas que estaría considerando el titular del poder Ejecutivo federal y la otra acerca de las razones que en el fondo tendrían los partidos aglutinados en torno a Claudio X. González para votar en contra.

Se dice que el presidente López Obrador, en el caso de la reforma en materia electoral, no cuenta con un “plan b” como sí lo tuvo para la relativa al tema eléctrico. Sin embargo, creo que la perspectiva presidencial va más allá puesto que de no ser aprobada, la movilización ciudadana se fortalecerá en torno a lo que con toda seguridad debe hacer en el proceso legislativo del 2024. Es decir, de nuevo impulsar con su decidida participación el triunfo de la o el candidato presidencial de la 4T y la obtención, en el Congreso de la Unión, de la mayoría calificada con los representantes del movimiento Obradorista, asegurando así la aprobación de las reformas necesarias en la consolidación del régimen de la Cuarta Transformación. 

Los opositores, por su parte, esgrimirán para justificar su rechazo a la iniciativa razones vinculadas con la “defensa de la institucionalidad democrática”, representada según ellos por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, además de los recortes presupuestales que se propone aplicar a los partidos políticos, la eliminación de las instancias electorales estatales y en general las propuestas vinculadas con el acotamiento de la hegemonía de las burocracias electoral y partidista, lo que en verdad les aterra es enfrentar a una ciudadanía organizada, empoderada y sobre todo consciente a la que esos poderes ya no podrán manipular tan fácilmente como lo hicieran durante décadas. 

En esta perspectiva es que la reforma democrática cobra su verdadero y trascendente sentido.

Les dejo el enlace para que puedan leer el texto completo de la iniciativa presidencial. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/abr/20220428-XI.pdf?fbclid=IwAR2iGdEAI7YSJVYwirnEAWvp5S1fNDpG3bdvLFr6KgFGvq8ITCr7KxvuOdo

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