Este martes se ha vinculado a proceso a José Rosas Aispuro Torres, ex gobernador panista de Durango señalado de uso ilegítimo de la fuerza pública, luego que el año pasado un periodista de la misma entidad, exhibió públicamente una llamada telefónica en la que presuntamente recibía amenazas del entonces mandatario.
Fue el mismo Iván Soto, el comunicador violentado por el panista que informó que este martes a las 5:28 horas, se declaró el auto de vinculación a proceso penal en contra de José “N”, por la probable comisión material de un hecho que la ley considera como delito.
Soto también agregó que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), solicitó medidas cautelares para evitar la sustracción del imputado a la acción de la justicia.
En julio de 2022, el entonces gobernador amenazó al periodista Iván Soto
Iván Soto, director del medio digital Durango En Vivo, denunció el pasado 10 de julio de 2022, que el gobernador saliente, José Rosas Aispuro, lo amenazó mediante una llamada telefónica, debido a su ejercicio periodístico y ante las denuncias que ha realizado por ataques a la libertad de expresión en ese estado.
El comunicador dijo que en mayo de 2021 su hija, hoy de 17 años, fue víctima de una violación sexual que, más de un año después, continúa sin ser investigada a fondo y sin ninguno de los presuntos agresores ante la justicia. Por este motivo, Soto realizó varias críticas al gobierno de Aispiro y a las autoridades de investigación, pues considera que desde el Ejecutivo estatal se estaba protegiendo a los responsables.
El sitio informativo Animal Político buscó al gobernador por medio de su enlace de prensa, para conocer su postura sobre esta denuncia pública, pero no obtuvo respuesta.
Las críticas y exigencias del periodista, lejos de presionar a las autoridades duranguenses para lograr resultados en este caso, provocaron que el ahora exgobernador llamara a Soto para advertirle de que va a proceder penalmente en su contra.
En la llamada, el panista señaló varias veces que la denuncia es contra Soto “como persona, no como periodista”, argumentando que el comunicador sería cómplice “por omisión” en la violación de su hija menor, pues el periodista, como padre de familia, “debía de cuidarla” en todo momento y no lo hizo. Para el mandatario, los padres y las madres de víctimas de violación tendrían responsabilidad en una agresión sexual, puesto que sería su obligación cuidar de sus hijos e hijas e impedir ataques.
“Tú acusaste al gobierno de no hacer nada para evitarlo (la violación). ¿Y quién tenía que ser el responsable de evitarlo? El padre. Tú eras el mayor responsable de tu hija, no el gobierno”, dijo Rosas Aispuro, según el audio de la llamada, al que este medio tuvo acceso.
El gobernador también acusó a Soto de no denunciar la violación inmediatamente, algo que Soto rechazó tajantemente, alegando que tiene las pruebas que muestran que interpuso una denuncia por los hechos al día siguiente del suceso. “No está usted bien informado”, respondió el periodista, quien aseguró que la denuncia del gobernador por supuesta omisión sería en realidad “una amenaza” y un intento de “intimidación”, en represalia por su periodismo crítico durante el sexenio del panista, que está a tan solo 60 días de concluir, y por las críticas que ha vertido por presuntos ataques a la libertad de expresión en su mandato.
“Esto es una venganza”, dijo Soto en una conferencia de prensa
“Si de verdad al gobernador le interesara el caso de mi hija, no la estaría revictimizando de esta forma. Porque, ahora, mi hija va a tener que comparecer ante un juez para decir cómo fueron los cuidados de su padre, cuando (el gobierno) jamás le ofreció ayuda psicológica ni asesoría legal, nada. Todo lo hemos tenido que pagar nosotros. Ellos solo están esperando a que nosotros les resolvamos el caso, para ver si así proceden contra los violadores, que son hijos de sus amigos”.
En ese momento, Héctor Pérez, abogado del comunicador, dijo en entrevista que ya presentaron un amparo ante la justicia federal para evitar “una detención ilegal”.
“Es increíble la facilidad con la que un gobernador puede marcar a un periodista y amenazarle con toda impunidad, y que, además, te diga: ‘sé que estás grabando y no me importa’”, subrayó Pérez.
