El freno a la inflación

Por supuesto que la crisis económica por la que atravesamos hace más que necesario impulsar un pacto para reducir el precio máximo promedio de la canasta básica y evidentemente que esta medida, impulsada por el gobierno federal, se encamina a poner un freno contundente a la inflación para que se aminoren los efectos de dicha crisis en los bolsillos de los mexicanos que aún recienten los estragos que dejó tras de sí la terrible pandemia que vino a transformar la vida de la sociedad.

Más allá de cualquier posición política, lo destacable es que se preserven los subsidios otorgados por la administración lópezobradorista a los ya de por sí altos costos en la electricidad y los combustibles, además del congelamiento a las tarifas de autopistas concesionadas, iniciativas que se suman al incremento necesario al salario mínimo para 2023 y que forman parte de la estrategia planteada en el paquete contra la inflación y carestía dado a conocer en mayo.

Resulta entendible que esta estrategia en el marco del Apecic (Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía) lo suscriban 15 empresas entre las que destacan Wal Mart, Chedraui, Grupo Gruma – Maseca, Minsa, y Bachoco, entre otros, por estar ligadas al sector; sin embargo, para los campesinos de este país, particularmente los productores de cero a veinte hectáreas, esta estrategia puede augurar un escenario poco favorable, en tanto que se desdeñan espacios de participación ciudadana en los que se abra el debate y se les tome en cuenta para ser partícipes del diseño de la política pública para el campo.

No sólo eso, si bien no se soslaya en la importancia de un acuerdo de esta naturaleza, este tiende a ser insuficiente si no se acompaña de un presupuesto digno para el campo que no precisamente significa un incremento, sino lo que hemos demandado por décadas y que no es otra cosa que la reorientación del gasto público para el sector que frene la voracidad de muchas de las empresas que hoy suscriben el pacto.

Desde el movimiento campesino, particularmente el aglutinado en la CODUC, podemos citar un claro ejemplo, nuestra reiterada demanda contra el peñanietismo que, de manera descarada y a costa del erario financió con miles de millones de pesos (a fondo perdido) a empresarios allegados a gobernadores, como es el caso de Jesús Vizcara de SuKarne. Basta con revisar los informes de la Auditoría Superior de la Federación que muestran la manera en que estos proyectos, no sólo resultaron un fracaso y estuvieron marcados bajo el signo de la corrupción, sino que además afectaron el presupuesto destinado para el campesino de a pie.

Por supuesto que la crítica no puede quedar hasta ahí, si nos apegamos a la objetividad, también se debe reconocer que las propias organizaciones campesinas, en muchos casos fueron abandonando sus causas para ajustarse a los programas clientelares y su uso corporativista que terminó restándoles autoridad moral y que a la postre sólo benefició a las grandes transnacionales. Sería faltar a la verdad el rechazar que esa práctica significó cuantiosas ganancias a algunos líderes, tanto en el aspecto económico como el político.

Pero más allá de la crítica hacia quiénes hoy suscriben el acuerdo y la autocrítica necesaria para quiénes conformamos parte del movimiento campesino, hoy lo necesario es ampliar ese pacto y tomar en cuenta las aportaciones que puede generar el movimiento. No se trata de manifestarse en contra de un acuerdo cuya esencia es la lucha contra la inflación, tampoco de restarle legitimidad, sino de trabajar en conjunto para que en este país logremos la tan anhelada autosuficiencia y soberanía alimentaria.

Por esa razón y contrario a los malos augurios de los intelectuales y analistas financieros, este acuerdo puede alcanzar dimensiones favorables para todos los sectores si, bajo la rectoría del Estado, se determinan las bases para que todas las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta.

Para acabarla de amolar

Durante la marcha del 2 de octubre del pasado domingo, presencié las manifestaciones de rechazo por la presencia de la politóloga Denisse Dresser. Siendo parte dirigente del movimiento campesino, reivindico el derecho de cualquier persona a manifestarse, esté o no de acuerdo con su ideología, pero en este caso, hay una duda que me acompaña desde ese día y que, al leer la columna de la politóloga publicada en el periódico Reforma, poco a poco se me fue disipando: ¿Cuales fueron las verdaderas motivaciones de Denise Dresser para asistir a la marcha a sabiendas de que se encontraría con inconformes que la increparían? Por más que no quiere uno pensar mal, su asistencia, más que una muestra de identidad y solidaridad con el 68, parece provocación.