EL ACCESO AL AGUA NO DEBE SER UN PRIVILEGIO, ES UN DERECHO PARA TODOS

Uno de los daños mas grandes que ha ocasionado el gobierno neoliberal, es la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari quien para poder acceder al TLCAN, promulga esa ley en el año de 1992, con la cual se impuso un sistema de concesiones al sector privado para su participación en la administración de los sistemas de suministro de agua y saneamiento.

Con la entrada en vigor de esa ley, Conagua otorgó 330 mil concesiones en los primeros diez años violando vedas, derechos indígenas y de núcleos agrarios.

A partir de la entrada en vigor de esa ley, en diferentes Estados de la República Mexicana encabezados por gobiernos neoliberales, (PRI y PAN) han llevado a cabo acciones tendientes a dejar en manos de particulares el suministro de agua y saneamiento, tales son los casos de los Estados de: Aguas calientes, Ciudad de México, Coahuila, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz

En el año 2018, Enrique Peña Nieto con base en la citada Ley de aguas nacionales, firmó 10 decretos que eliminan vedas de 300 cuencas hidrológicas, que equivalen al 55% de lagos y ríos del país, (donde la extracción del agua estaba prácticamente restringida), y las convierte en “zonas de reserva de aguas” lo que permitió la explotación, uso o aprovechamiento del agua, incluso por parte de privados, y la posibilidad de otorgar concesiones de uso de este recurso a compañías mineras, refresqueras, incluso favoreciendo la fracturación hidráulica (fracking), lo cual ha ocasionado graves daños en los ecosistemas, además de dejar en manos de unos cuantos privilegiados el suministro de agua y permitiendo de esa manera el monopolio, acaparamiento del vital líquido por esos sectores.

Es claro que la citada Ley de Aguas Nacionales fue emitida con toda la mala fe de los neoliberales, para poder llevar a cabo la concesión del suministro de agua a los particulares, ya que la misma otorga al ejecutivo la facultad de emitir decretos como los llevados a cabo por Peña Nieto, lo que si bien puede ser “legal” con base en la citada ley, LO CIERTO ES QUE RESULTA INCONSTITUCIONAL, AL VIOLENTAR LOS DERECHOS HUMANOS COMO EL DERECHO AL AGUA, lo cual constituye un bien fundamental sobre la vida, mismo que al carecer de este vital líquido, también afecta gravemente diversos derechos humanos como lo es el derecho a la salud, a una alimentación, a una vivienda digna y decorosa, a una vida digna; derechos humanos todos consagrados en el artículo 4º de nuestra constitución y en diversos tratados internacionales que protegen los derechos humanos sociales, económicos, culturales y ambientales.

En efecto, en nuestra constitución en su artículo 4º señala en la parte que nos interesa, lo siguiente:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará…
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud…
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En tal sentido, tenemos que nuestra constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, lo cual también lleva implícitos otros derechos humanos, como el derecho a la vida misma y el derecho a la salud, derecho a la alimentación, ya que no se podría sobrevivir sin el vital líquido, además de que se debe garantizar una vida digna que también implica derecho a una vivienda digna y decorosa que sin el vital líquido, tampoco se logran satisfacer estos derechos, así como el derecho a un medio ambiente sano, el cual resulta gravemente dañado con la explotación de las cuencas y el fracking, protegidos todos por el precepto transcrito.

Derechos que tiene obligación de garantizar y proteger el Estado, y que sin embargo, los gobiernos neoliberales han hecho todo lo posible por violentarlos, ya que la privatización del suministro de este vital liquido no garantiza los derechos mencionados, por lo menos no para el pueblo, porque deja el vital liquido en manos de unos cuantos privilegiados, dejando en total abandono a los grupos más vulnerables como son los pueblos y comunidades indígenas y el núcleo agrario, lo que en este caso también produce una discriminación al procurar el suministro de agua para las grandes corporaciones y dejar sin el vital líquido a los grupos mencionados.

Recordemos que uno de los planes inconclusos del gobierno de Peña Nieto era privatizar en todo el país el suministro de este vital líquido, acción que quedó inconclusa, gracias a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el único presidente que conoce nuestra constitución y que si está llevando acciones para proteger y garantizar los derechos de todos.

Por lo cual debemos exigir a nuestros diputados federales que se hagan reformas de fondo a la Ley Nacional de Aguas o incluso derogar la ley existente y crear una nueva que garantice los derechos humanos protegidos por el artículo 4º de nuestra constitución.

Urge que se pongan a trabajar y darle celeridad para aprobar la INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, misma que toma como base la protección a los derechos humanos mencionados en este artículo así COMO LA PROPUESTA HECHA POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA, QUIEN PROPUSO REFORMAR LOS ARTÍCULOS 1, 4, 9 Y 12 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, Y DEROGAR EL CAPÍTULO II, “PARTICIPACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA Y SOCIAL EN OBRAS HIDRÁULICAS FEDERALES”, señalando que “queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta”.

Tenemos congreso para poder llevar a cabo estas reformas, ya que se trata de una ley federal, y no importar si los opositores están de acuerdo o no, con los diputados de MORENA se puede legislar, y es urgente.

Exijamos a nuestro congreso que retome estas propuestas de reforma a la Ley Nacional de Aguas para evitar que se sigan violentando nuestros derechos humanos.

También debemos aprovechar que en la actualidad tenemos gobiernos encabezados por MORENA, en varios de los Estados que han llevado a cabo acciones de privatización, para exigir que se hagan reformas que echen para atrás la privatización que llevaron a cabo los neoliberales.

No debemos permitir que se siga avanzando en la privatización de este vital líquido, en los demás Estados, no debemos permitir que regresen los neoliberales a seguir privándonos de nuestros derechos.

El acceso al agua no debe ser un privilegio, es un derecho para todos.