Este domingo el Gobierno de México presentó un comunicado informando que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potizel de admitir la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) para suspender la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral.
En el comunicado de prensa el Gobierno de México acusó al ministro de la SCJN de haber “arrancado hojas a la Constitución”, además de que desconoce los procedimientos que deben seguirse para regular las controversias constitucionales.
“El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”.
Detalla la misiva.
La CJEF detalló que la SCJN debe actuar dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que impone la Constitución Mexicana y las leyes que de ésta emanan, garantizando con ello el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes.
“Es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria. El Estado de derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales y, por el contrario, con su aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes”.
precisó la CJEF.
Se puntualizó que el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, por lo que solicitará a la SCJN revocar el acuerdo que admitió a trámite dicha controversia, así como la suspensión, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión.
“Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
Finalizó el comunicado.
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