Durante la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa Alcalde, informó que el caso de corrupción en Segalmex es el único escándalo de esta naturaleza que ha afectado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tras ceder la palabra al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, se ofrecieron detalles sobre la crisis administrativa y financiera que ha marcado a la entidad desde su creación en 2019.
Segalmex fue fundada con una visión social, orientada a rescatar al campo y apoyar a los productores de granos, con el objetivo de ofrecer precios de garantía que beneficien a la población más necesitada. Sin embargo, la institución se vio afectada por la falta de definición y coordinación entre las tres entidades involucradas (Segalmex, LICONSA y DICONSA), así como por la obsolescencia de sus sistemas informáticos, lo que derivó en una crisis administrativa. Ante esta situación, se determinó remover a los servidores públicos en sus mandos y crear un grupo multidisciplinario para corregir los problemas y investigar las irregularidades.
Un hallazgo clave fue la recuperación de 955 millones de pesos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles. Posteriormente, se llevaron a cabo auditorías por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en dos momentos clave: el 18 de agosto de 2022 y el 29 de junio de 2023. Estas auditorías arrojaron observaciones e irregularidades por un posible daño patrimonial que asciende a 9 mil 500 millones de pesos.
Salcedo explicó que no se puede hablar de un daño patrimonial definitivo hasta que se agoten las instancias previstas para aclarar las evidencias recopiladas. Hasta el momento, de los 9 mil 500 millones de pesos observados, 4 mil 700 millones ya han sido aclarados, mientras que 2 mil 100 millones están en proceso de análisis para determinar si pueden ser acreditados o no. Sin embargo, 2 mil 700 millones de pesos no han sido justificados, lo que representa el monto del daño patrimonial por el que se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para sancionar a los responsables.
Alcalde destacó que desde que se detectó el posible desfalco, se estableció una mesa de trabajo con la Procuraduría Fiscal y la FGR para proporcionar toda la información necesaria y facilitar las investigaciones, además de iniciar las carpetas penales correspondientes. A la par, se conformó un grupo de trabajo junto con la SFP para llegar al fondo del caso y aclarar las observaciones realizadas por la ASF.
El proceso de aclaración continúa, y tanto Alcalde como Salcedo enfatizaron que en este caso “no habrá impunidad”, asegurando que se llegará hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
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