El Poder Judicial de México se encuentra en una crisis sin precedentes, ya que jueces, magistrados y trabajadores han decidido prolongar un paro de labores indefinido, mientras continúan recibiendo sueldos que superan los 100 mil pesos mensuales. Esta medida fue tomada en respuesta a la reforma aprobada por el Senado de la República, la cual busca modificar el sistema judicial, desatando el descontento de los funcionarios.
En una declaración emitida hoy, Patricia Aguayo, vocera de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, confirmó que la suspensión de actividades sigue en pie y podría extenderse hasta el 1 de octubre. Aguayo dejó claro que se mantendrán las medidas de presión, entre ellas, el paro de labores en todos los edificios judiciales del país y un plantón frente a la Cámara de Diputados.
¿Exigir derechos o proteger privilegios?
Aunque los trabajadores del Poder Judicial argumentan que su lucha es por la defensa de la justicia y la independencia del poder, resulta difícil ignorar el hecho de que, a pesar del paro, continúan cobrando salarios excesivos. Jueces y magistrados, con sueldos superiores a los 100 mil pesos mensuales, mantienen una postura de “resistencia” mientras el país enfrenta una creciente crisis económica y miles de ciudadanos carecen de acceso a una impartición de justicia eficiente.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), encabezada por Juana Fuentes Velázquez, ha asegurado que no solo continuarán con las medidas de protesta, sino que incluso recurrirán a organismos internacionales para frenar la reforma. Sin embargo, el trasfondo de esta postura parece más orientado a proteger privilegios que a defender el estado de derecho, lo que ha generado una creciente indignación entre la ciudadanía.
Impacto del paro en la impartición de justicia
La suspensión de actividades no solo afecta los procesos judiciales, sino que pone en riesgo el acceso a la justicia de millones de personas en todo el país. Mientras que los jueces y magistrados siguen recibiendo sus altos sueldos, miles de juicios, amparos y audiencias quedan en el limbo, afectando a personas que dependen de un sistema judicial que, irónicamente, parece estar más preocupado por defender sus ingresos que por cumplir con sus responsabilidades.
A pesar de la creciente presión social, los trabajadores del Poder Judicial no han dado señales de retroceder en su paro. Para muchos, este paro es visto como una medida para defender un sistema que otorga beneficios desproporcionados a sus funcionarios, alejándose de la verdadera misión del Poder Judicial: impartir justicia de manera eficiente y equitativa.
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