En medio de aplausos y vítores de “ministra valiente”, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue recibida por trabajadores del tribunal apenas un día después de presentar su renuncia. La ministra había anunciado oficialmente su decisión de declinar cualquier participación en la elección pública de 2025, entregando su renuncia al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Sin embargo, la salida de Piña, programada para el 31 de agosto de 2025, ha despertado fuertes críticas debido a los altos beneficios de retiro que le asegura este movimiento.
Norma Piña justificó su renuncia como un “acto de congruencia” y declaró que su decisión no implica aceptar la separación del cargo que ocupaba hasta 2030. No obstante, su salida garantiza su pensión completa y un retiro privilegiado, manteniendo intactos los beneficios que la reforma judicial, impulsada por la Cuarta Transformación, busca regular. Desde hace meses, Piña intentó frenar esta iniciativa por todos los medios, incluso recurriendo a medidas legales controvertidas, con el fin de impedir una reforma que busca democratizar la elección de jueces y magistrados en el Poder Judicial.
Con su renuncia, Piña evade el proceso de elección pública en 2025, que será el primero de su tipo en el país y que pondría a los ministros en un proceso de evaluación directa por parte de la ciudadanía. En lugar de enfrentar la transformación del sistema judicial, la presidenta de la Corte opta por abandonar su cargo, asegurándose un retiro con beneficios millonarios y eludiendo así la nueva regulación que ella misma trató de bloquear.
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