Como ya se sabrá, la semana pasada se aprobó, por el Congreso de Nuevo León, los cambios constitucionales para que la revocación de mandato sea posible durante la administración de Samuel García.
Pero ¿Qué podemos esperar después de un proceso de revocación de mandato con un resultado vinculante? Teóricamente, se diría que es un logro ciudadano, pues el fundamento de una revocación de mandato es la pérdida de la confianza. Sin embargo, esto no parece ser así, ya que el punto crucial es lo que viene después. Algo de lo que se ha hablado poco o casi nada.
De ser vinculante, no se puede hablar de un logro ciudadano, porque no son los ciudadanos quienes deciden quién sucederá a quien se debe de ir.
De acuerdo con la Constitución de Nuevo León, al revocarse el mandato al gobernador, será el Congreso el que decida quién gobernará por los tres años restantes. Esto da lugar a pensar muchas cosas. Principalmente, que la aprobación a la revocación de mandato para la administración de Samuel García no es resultado de un esfuerzo en fortalecer la democracia, sino que tiene otra intención.
No es secreto que, en las últimas semanas, han surgido diversas rencillas entre el Congreso de Nuevo León y Samuel García. Tal ha sido la situación que ya se ha hablado de un posible juicio político.
Además, si se recuerda, esta misma legislatura fue la que votó para que la revocación de mandato fuera hasta 2025 (que, en realidad, sería posible hasta 2030) pero ahora revirtió las cosas.
Por todo, validad de esta forma la revocación de mandato en Nuevo León es formar parte de un juego sucio orquestado por el Congreso, ya que, como ya se advirtió, será este el que decida quién sucederá a Samuel García, en caso de revocarle el mandato.
Será la misma situación que ocurre actualmente con la elección del fiscal general en el estado, cuyo predilecto es Adrián de la Garza. De este modo ¿Quién será su favorito para gobernar por tres años? Al final, parece que el poder siempre gana.
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