El Senado de la República ha proclamado la constitucionalidad de una reforma histórica que busca proteger el maíz nativo de México al prohibir el cultivo de maíz transgénico. La decisión se tomó tras la aprobación de la propuesta en 17 Congresos estatales, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El pasado 5 de marzo, con una mayoría contundente, el Pleno del Senado reformó los artículos 4 y 27 de la Constitución, marcando un hito en la legislación ambiental y agrícola del país. La reforma responde a la necesidad de salvaguardar la salud de la población, garantizar la soberanía alimentaria y preservar las casi 60 variedades de maíces nativos del territorio mexicano.
Hace unas semanas antes de la presentación de la reforma, la presidenta Sheinbaum destacó que “México es el centro de origen y diversidad del maíz, un elemento de identidad nacional que constituye un alimento básico para el pueblo y es esencial para la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
La reforma establece la importancia de que el cultivo de maíz en el país se mantenga libre de modificaciones genéticas que superen las barreras naturales, como las que se implementan en los organismos genéticamente modificados (OGM). En este sentido, se enfatiza la necesidad de priorizar la protección de la biodiversidad y la soberanía alimentaria, además de incentivar un manejo agroecológico y proporcionar subsidios para la investigación científica y humanística que respalde estas iniciativas.
La decisión del Senado ha sido recibida con entusiasmo por parte de diversos sectores de la sociedad civil y comunidades indígenas, quienes ven en esta reforma un paso fundamental para proteger su patrimonio agrícola y cultural. Con esta medida, México se posiciona en la vanguardia de la lucha por la soberanía alimentaria y la defensa de la biodiversidad en el ámbito global.
Por el momento, se espera que la implementación de esta reforma genere un amplio debate sobre las prácticas agrícolas en el país y su impacto en la salud pública, la economía rural y la preservación de la rica herencia agrícola mexicana.
La reforma se considerará en el futuro como un referente en las políticas de protección ambiental y agroalimentaria, extendiendo la discusión sobre la naturaleza del cultivo y la producción alimentaria hacia un modelo más sostenible y respetuoso con las tradiciones locales.
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