El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Esta aprobación se realizó la noche del martes y busca fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero.

El dictamen recibió 74 votos a favor de Morena y sus aliados. En contra votaron 13 senadores del PRI y algunos panistas, mientras que 19 senadores de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se abstuvieron. La mesa directiva anunció que el documento será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
Las reformas incluyeron cambios de última hora. Se eliminó toda referencia al financiamiento del terrorismo, ya que este delito ya está tipificado en el Código Penal Federal. La senadora morenista Lucía Trasviña presentó la reserva para estas modificaciones, argumentando que la figura era innecesaria y podía crear confusiones jurídicas.
Durante el debate, el panista Francisco Ramírez Acuña cuestionó la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al mencionar el caso de tres instituciones financieras acusadas de lavado de dinero. Preguntó si la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habían ignorado información relevante.
Guadalupe Chavira, de Morena, respondió que tanto la Secretaría de Hacienda como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria han informado sobre investigaciones en curso. La oposición expresó su apoyo a la lucha contra el lavado de dinero, pero advirtió que esta causa se usa como un “Caballo de Troya” para imponer vigilancia sin control.
Guadalupe Murguía y Ramírez Acuña señalaron que la definición de “Persona Políticamente Expuesta” es ambigua, lo que podría llevar a sospechas injustificadas sobre ciudadanos comunes. La priísta Claudia Anaya comentó que la reforma representa un paso hacia la “militarización del país”, al permitir que la Guardia Nacional realice labores de investigación.
Morena calificó estas afirmaciones como exageradas. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la ley tiene un enfoque preventivo y administrativo. Su objetivo es evitar que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos.
Oscar Cantón Zetina, de Morena, destacó que identificar a las Personas Políticamente Expuestas es clave para prevenir el uso indebido del sistema financiero. Enfatizó que la propuesta no es abusiva, sino necesaria para combatir las redes de encubrimiento generadas por la delincuencia organizada.

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