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Tras prohibir el traslado o reubicación forzada de “Don Rodo”, se reactivan las críticas al Poder Judicial de la Federación (PJF), siendo señalada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch de favorecer a los capos del narco.
La decisión del juez federal, Brieba de Castro Juan Mateo, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, de suspender cualquier traslado de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, despierta las críticas por parte de quienes cuestionan un presunto patrón de resoluciones que favorecerían a figuras vinculadas al narcotráfico.
Cuestionada Libertad Personal
La medida, emitida como parte de un amparo concedido a “Don Rodo” —detenido el 28 de febrero por portación de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud—, obliga al penal del Altiplano a garantizar su permanencia en el centro, permitir su comunicación con familiares y abogados, y detener cualquier traslado mientras se resuelve su caso. El juez argumentó que la suspensión busca “proteger su libertad personal”, aunque enfatizó que Oseguera seguirá bajo custodia.
Harfuch pone el dedo en el reglon al señalar al PJF
Sin embargo, la decisión ha reavivado señalamientos previos contra el PJF, quien semanas atrás fue cuestionado públicamente por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el contexto de procesos de traslados de narcotraficantes a Estados Unidos. Harfuch, sobreviviente de un atentado del CJNG en 2020, acusó al sistema judicial de emitir fallos que “entorpecen la cooperación internacional” y favorecen impunidad al bloquear traslados de criminales bajo argumentos técnicos.
Esta resolución apunta a que la suspensión concedida a “Don Rodo” podría retrasar su eventual traslado, dado que el CJNG ha recurrido históricamente a amparos y recursos legales para prolongar procesos.
Mientras “Don Rodo” espera en el Altiplano, la duda persiste: ¿está el sistema judicial mexicano protegiendo derechos individuales o facilitando la impunidad de quienes operan tras las redes del narcotráfico?
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