Durante la conferencia matutina, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó diversos casos que exponen el preocupante fenómeno de jueces que han otorgado libertades a delincuentes en fines de semana, en lo que se ha denominado como “sabadazos”. Estos casos han generado indignación y han puesto en evidencia las inconsistencias y la corrupción en el Poder Judicial.
Uno de los casos más destacados fue el del juez Gregorio Salazar Hernández, quien ordenó el cambio de medida cautelar para Janet Miriam “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, liberándola el 14 de junio de 2024, a pesar de estar acusada de delitos graves como peculado y delincuencia organizada.
Otro caso alarmante involucra al juez Andrés Cascamilla González, quien dictó sentencia absolutoria y liberación inmediata para Vicente Javier “N”, alias “El Cholula”, quien enfrentaba cargos por robo con violencia, homicidio calificado, secuestro y asociación delictuosa. Este tipo de decisiones, otorgadas en días no hábiles, generan dudas sobre la integridad de los procesos judiciales.
Además, se presentaron más ejemplos de liberaciones que han ocurrido en fines de semana. El juez Adrián Leobardo Ríos González otorgó libertad inmediata el 1 de julio de 2023 a José Eliseo “N”, presunto miembro de Los Zetas, mientras que la jueza Angélica Sánchez Hernández liberó a Itiel “N”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de homicidio doloso calificado. En ambos casos, los jueces argumentaron falta de elementos para vincular a proceso, lo que ha causado controversia debido a la gravedad de los delitos.
El patrón se repite en el caso de Rogelio León Díaz Villarreal, quien benefició a Abraham “N”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG. El juez dictó auto de no vinculación a proceso, liberándolo el 28 de abril de 2024. Otro ejemplo es el del juez Daniel Ramírez Peña, quien liberó a Angélica “N”, presunta integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), el 29 de abril de 2023.
Delincuentes de alto perfil también beneficiados
No solo los miembros del crimen organizado han sido favorecidos por decisiones judiciales polémicas. También se han dado casos de exfuncionarios y figuras políticas que han recibido beneficios judiciales. La jueza Angélica del Carmen Ordoño Suárez otorgó un cambio de medida cautelar a Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado de tortura, permitiéndole salir del penal con brazalete electrónico. Además, el juez Juan Pedro Contreras Navarro amparó a Emilio “N”, exdirector de Pemex, permitiéndole evitar la prisión preventiva.
El caso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, también destaca entre los beneficiados. La jueza Hortensia García Rodríguez cambió su medida de prisión preventiva a prisión domiciliaria. A nivel federal, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México dictó que Jesús Murillo “N”, exprocurador vinculado al Caso Ayotzinapa, cumpliera su proceso en prisión domiciliaria.
Las decisiones judiciales también han beneficiado a miembros del crimen organizado de alto perfil. La jueza Diana Montserrat Partida Arámbulo liberó anticipadamente a Marcelino “N”, alias “El Fantasma”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, mientras que el juez José Luis Hernández Hernández dictó libertad para Guillermo “N”, alias “El Memo”, vinculado a la Fuerza Anti-Unión Tepito.
Jueces que no autorizan órdenes de aprehensión:
Uno de los casos más polémicos fue el de la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, quien otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier “N”, para dejar insubsistente una orden de aprehensión en su contra. A Francisco Javier “N” se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, la jueza dictaminó que no había fundamentos suficientes para proceder.
Otro caso destacado es el del juez Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar, quienes negaron y ratificaron, respectivamente, la negativa de una orden de aprehensión contra Genaro “N”, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública. A Genaro “N” se le acusa de enriquecimiento ilícito, pero el juez y los magistrados consideraron que no había pruebas contundentes para justificar la orden de captura.
La conferencia también abordó el caso del exgobernador de Veracruz, Javier “N”, a quien los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal le negaron una orden de aprehensión. Las acusaciones en su contra, que incluyen graves delitos de corrupción, fueron desestimadas por falta de pruebas suficientes, lo que generó controversia y críticas al sistema judicial.
Finalmente, uno de los casos más impactantes expuestos fue el del juez Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, quien negó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, acusado de haber sido el coautor material en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. A pesar de que había más de 123 pruebas presentadas, de las cuales al menos 50 se consideraban contundentes, el juez rechazó la orden de captura. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, confirmó esta decisión el 1 de agosto de 2024, lo que avivó la polémica sobre este histórico caso.
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