Continúa indagando la Federación sobre un predio ubicado dentro del Parque del Jaguar que fue vendido a desarrolladores Yucatecos.

El proyecto del Parque Jaguar ha sacado a relucir una serie de inconsistencias dentro de la región ubicada al norte de la cabecera municipal de Tulum, pues un grupo de desarrolladores Yucatecos cuentan con títulos de propiedad de una extensión de tierras que él gobiernos del Estado no reconoce como vendidos.

Si bien se recuerda, durante el proceso de transición del gobierno de Joaquín Hendricks Díaz y Félix González Canto hubo una serie de irregularidades en la adquisición de propiedades a través de títulos de propiedad apócrifos, los entonces representantes de dichas secretarias aprovecharon dicho cambio para beneficiar a decenas de colaboradores en el tema de títulos.

Ahora, casi 20 años después, las repercusiones salen a relucir, pues actualmente el gobierno Federal a través de la SEDATU, la cual realiza un proyecto ambiental en dicho parque, ha solicitado información del como una propiedad denominada “Kaybé” del Grupo Emerita desarrollo inmobiliario de 20 hectáreas de extensión de tierras, quienes actualmente se anuncian como “el único desarrollo en México que cuenta con un parque multisensorial integrado a la perfección con la selva maya, y amenidades exclusivas “, atribuidas a los hermanos Manuel y Carlos Palma Rodríguez.

En la que además resalta que dicho desarrollo no cumple con el ordenamiento del PDU, áreas de donación y que a devastado la zona del Parque de Jaguar, sin incluir que está defraudando a sus clientes debido a que podría ser expropiado por encontrarse dentro de una reserva que el Gobierno Federal planea impulsar.

Ante esa anomalía, la SEDATU a través de su titular Román Meyer Falcón está solicitando información sobre dicha propiedad y sobre todo cómo se obtuvieron dichos títulos, ya que no se encuentran en registros del gobierno las informaciones completas y hace pensar que todo se deba a un posible fraude inmobiliario.

Además de que se reconoció que se pudiera generar una posible expropiación de la zona en mención, debido a que el gobierno federal cuenta con dicha facultad.

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