Seguramente, el lector encontrará mayor ejemplificación y analogías adecuadas, pero lo que aquí interesa es la cuestión política y que esto no se confunda con lo jurídico.
Existen, ciertamente, varios precedentes de ciudadanos que han promovido un juicio de amparo para impedir que algunos actores políticos «brincaran» (de ahí lo de «chapulines») a otro cargo de elección popular; en algunos casos, aún faltando años para la culminación del puesto.
Sin embargo, esta cuestión nada tiene que ver con un elemento jurídico. No hay tal derecho a ser gobernado por quien resultó ganador del último proceso electoral. Tampoco existe una obligación que exija gobernar tras ganar una elección. De haberlo, habría material suficiente para considerarse un agravio.
Aunque podría llegar a considerarse una situación de agravio, ya que, ante la ausencia, queda al mando alguien que no ha sido electo por los ciudadanos, sino que, por lo general, es elegido por la mayoría del Congreso.
Así las cosas, poco importa la expresión popular, dirán algunos. Pero es necesario recordar que el sistema mexicano es de representación, por tanto, las decisiones que se toman en un Congreso son en representación de los ciudadanos. Aunque, por supuesto, en la vida real las cosas son completamente diferentes.
Ahora bien, aquí existe una grave confusión entre lo que es la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política. Y quizá no sea tan sorprendente este lío, ya que el mismo error lo cometió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras declarar inconstitucional los mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato.
Ahora, de esta confusión, se deriva una más: expresión e intención no son lo mismo.
En su tiempo, la intención original de la solicitud de licencia fue por cuestiones de impedimento para la gobernanza, es decir, situaciones personales o contextuales que no permitieran que se siguiera en el cargo. Mas no para tener la oportunidad de aspirar a uno mejor y participar en otro proceso electoral.
Por su puesto, con el paso de los años esto ha evolucionado. Tanto que podría hablarse de un abuso por parte de un sector de la política. Técnicamente, pedir licencia para separarse del cargo puede ser por cualquier cosa.
No obstante, en un buen sentido, pasa algo parecido como con lo de la revocación de mandato; además, ambas son por cuestiones de responsabilidad política. Acá, la pregunta es: ¿por qué deben los ciudadanos aguantar un mal gobierno? Mientras que aquí es ¿por qué esperar por un buen gobierno?
Con otras palabras, si un gobernante está realizando un buen trabajo ¿Por qué se debería esperar a que termine su cargo? ¿No sería mejor que pueda contender por un cargo con mayor responsabilidad?
Aunque, por supuesto, depende de quién se hable y cuál sea la opinión pública de ese político. No obstante, lo que se ha observado es que la mayoría de los políticos carecen de esta virtud. Desde siempre se ha hablado de un mal gobierno.
En fin, la legislación expresa algunos motivos para esto y aquello, pero la intención de estos no suelen coincidir. Así como no coinciden la responsabilidad jurídica con la política.
Por tanto, las medidas que se pueden desarrollar para impedir que algunos políticos evadan su responsabilidad, no pueden ser jurídicas, sino que deben ser otras. Al final, votar y ser votado es un derecho fundamental, mientras que exponer medidas jurídicas para restringir ese derecho, no son cuestiones del mismo sentido.
Si hay algo que queda claro de un test de proporcionalidad es que los derechos se miden con otros derechos; las obligaciones con obligaciones; etc. Por tanto, no es válido poner en la balanza dos elementos que no son afines.
A todo esto, sería vital recordar que este derecho fundamental ha sido reconocido incluso para personas que están privadas de su libertad, es decir, los presos. Y ahora pueden participar con su voto en los procesos electorales; esto acaba de ocurrir en este año en el proceso electoral para gobernador en el Estado de México.
Por todo, la falta de compromiso de un político para culminar su encargo, es un asunto de responsabilidad política, mas no jurídico.
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