El periodista Amir Ibrahim ha documentado un grave incidente de desalojo ilegal llevado a cabo por la policía municipal de Playa del Carmen el pasado 8 de febrero, en el que fueron agredidas mujeres embarazadas, niños de corta edad, adultos mayores, madres solteras y varios hombres. Este hecho, descrito por como el peor acto de represión policial en la historia de Playa del Carmen, ha suscitado indignación y conmoción en la comunidad.
Según el reportaje de Ibrahim, quienes sufrieron los abusos policiales en la comunidad de San Judas Tadeo relatan cómo alrededor de 40 agentes irrumpieron con violencia, utilizando piedras y otros objetos como armas, mientras saqueaban sus hogares y se llevaban sus pertenencias. Testimonios de los habitantes señalan que los policías alegaron tener una orden judicial, pero nunca presentaron ningún documento que lo corroborara.
“Yo soy de la tercera edad y a ellos le importa un comino”, relató un habitante.
“Está embarazada la señora”, es una de las advertencias y súlpicas que se escucha al principio del reportaje comp parte de un intento desesperado para que parara la agresión contra una mujer.
El operativo, supuestamente ordenado por Lili Campos, presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, dejó un rastro de destrucción en las casas de los afectados. Los residentes describen cómo fueron tratados como animales y golpeados sin piedad, incluso cuando accedían a abandonar sus viviendas. Las autoridades utilizaron maquinaria para demoler sus hogares y destruyeron lo que habían construido con años de esfuerzo y trabajo.
“Destruyeron nuestro hogar que con sacrificio nosotros hemos levantado aquí en nuestra colonia. Pues todos somos de escasos recusos, estamos aquí por necesidad, estamos aquí porque necesitamos un pedacito de tierra para construir nuestra casita”, relató una mujer.
Amir Ibrahim llevó estas denuncias a la conferencia matutina de hoy, 16 de abril, exponiendo las irregularidades y la corrupción detrás del desalojo. Los habitantes afectados solicitaron la intervención del presidente López Obrador, ya que se sienten amenazados y desatendidos por las autoridades locales. Pidieron atención urgente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad.
Ante estas demandas, el presidente instruyó a Rosa Icela, titular de la Secretaría de Seguridad, para que atendiera y canalizara a los afectados con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta respuesta muestra la disposición y apertura del gobierno federal para abordar temas de beneficio social y protección de los derechos humanos.
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