Presupuestos y pretextos

7 meses publicado

La necesidad de que el poder no se les salga de las manos, siempre hace que a los que empiezan a perderlo, hagan uso de todas las herramientas que puedan. Ha ido avanzando el sexenio y, el Poder Judicial, ha demostrado de qué lado han estado desde siempre, en vez de servir al fin al que está, supuestamente, consagrado, que es interpretar la ley y dirimir a quien corresponde brindar protección y justicia, cuando entran en conflicto dos fuerzas.

Al inicio de la presidencia de López Obrador, el Poder Judicial, la Corte y el Consejo de la Judicatura fueron presididos por un ministro con ideas progresistas que, de hecho, lo hacían ver como el bicho raro en medio de una comunidad donde lo que impera es el convencionalismo, la tradición de hacer las cosas de una cierta manera, aunque no sea la manera justa. Zaldívar Lelo de Larrea, llegó, como todos los ministros, a partir de una terna propuesta por el entonces presidente, Felipe Calderón, y como era tradición, se esperaba que pudiera cumplir con el rol servil de obedecer sin mayor resistencia a las necesidades jurídicas de una presidencia, por cierto, ilegítima.

El día de poner su lealtad a prueba fue cuando se negó a encubrir a parientes políticos de la esposa del presidente, ante los hechos nefastos y dolorosos ocurridos en Sonora, en junio de 2009. Ahí, pudo demostrar que lo fácil era plegarse a las instrucciones que provenían de Los Pinos, pero en cambio, la resistencia a lo injusto puso en peligro su vida y la de su familia. Este desafío demostró que, además de la corrupción dentro de los esquemas de subrogación de guarderías, que finalmente es la causa de un accidente con consecuencias criminales como los de la Guardería ABC, la impunidad era (y es) negocio de manejo exclusivo del Poder Judicial, porque los 49 bebés muertos; las 106 personas que sufrieron quemaduras y lesiones de por vida y sus familias, a 14 años de distancia, no han podido obtener justicia y, en el momento más álgido, ni siquiera pudieron atender médicamente a las niñas y niños heridos, porque buscaban que no se conociera internacionalmente la tragedia.

Con la respuesta de Zaldívar en 2009, tuvimos esperanza de que habría algunos cambios, sobre todo, para los más pobres, los que nunca podrían alcanzar la protección y justicia que podría comprar un abogado “con agarraderas”; para los campesinos, los migrantes y las mujeres. Al llegar a ser presidente del poder judicial, los cambios empezaron, aunque sutiles, a reflejarse en la gestión de los jueces y magistrados. Obvio, la parte administrativa sobre los recursos otorgados al PJF-CJF no cambió en absoluto y nos podemos dar cuenta de que esa vida de lujo y holgura es capaz de domar cualquier intento de rebelión.

Los 4 años que duró dirigiendo a la familia judicial finalizaron con una amarga mentira: la falsedad en la tesis de titulación de la ministra Esquivel, para poder colocar a alguien que no fuera afín a las políticas humanistas del presidente López Obrador y como consecuencia, el actual periodo de la ministra Piña a la cabeza de la justicia mexicana. Llegó con un discurso sobre romper el techo de cristal, pero solo para una élite; habló de reformar a la institución, pero más bien, se trata de blindarla contra las exigencias del pueblo sobre una administración austera y respetuosa. Inició un ataque frontal a todas las prerrogativas del presidente en la emisión de decretos, y al Poder Legislativo, sobre reformas constitucionales y legales, que no sólo rompen, por completo, el equilibrio e independencia entre los poderes, y peor aún, que lastiman totalmente al pueblo que los mantiene cubiertos de privilegios, a pesar de su falta de identidad y solidaridad con este pueblo.

Es tiempo de revisar solicitudes presupuestales para confeccionar el egreso para 2024. Se revisa con lupa cada rubro y cada concepto porque está claro que no se puede permitir el despilfarro o la arrogancia de creer que sobre el trabajo de los más pobres, condenados a enterar impuestos sin siquiera protestar por ello, deba servir para que 11 ministros en activo, de la Suprema Corte; 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 6 consejeros del Consejo de la Judicatura; los titulares de los 907 órganos jurisdiccionales federales; los ministros en retiro y su ejército de ayudantes, como choferes, cocineros, jardineros, asistentes y cualquier categoría que funcione para justificar los muchos millones que se hayan etiquetado con apariencia de ser útiles a la administración judicial, puedan seguirse beneficiando desmedidamente, de los intereses producidos a la fecha, y que han servido para pagos injustificados de vestuarios, lentes, computadoras y más privilegios, que perfectamente podrían ser adquiridos con el sueldo que perciben (el que sí es legal, aunque majadero).

La enorme mayoría de empleados fueron emplazados a representar la huelga que tiene al poder judicial fuera de labores; hasta mejor, porque así no pueden perjudiciar con sus amparos y suspensiones, a las reales víctimas del poder económico. Marcharon exigiendo que respetemos sus derechos económicos, pero no se detienen a entender que no serán afectados en sus salarios y prestaciones, porque ellos continuarán percibiendo sus salarios del presupuesto general (los 84mil millones de pesos exigidos), y no de los intereses de los fideicomisos recién extinguidos.

¿Cuál es el salario más bajo? ¿y qué es lo que pagamos?

Un oficial de servicios del Poder Judicial de la Federación, gana mensualmente entre 13,475 y 15,674 pesos y $25,784 de aguinaldo; mientras que un magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral, puede obtener (sin otras prestaciones), 201,973 pesos, y por concepto de aguinaldo $445, 440 o por prima de riesgo $385, 406 anuales.

Y solo para conocimiento general, en el presupuesto 2023, el concepto de “remuneraciones adicionales” del rubro “Presupuesto analítico de plazas del Consejo de la Judicatura Federal”, se destinaron 10,957 millones, 676,665 pesos, para los siguientes pagos: Ayuda a las personas servidoras públicas operativas; Vestuario; Ayuda de despensa; Ayuda por incapacidad medica permanente; Compensaciones por servicios eventuales; Pago por riesgo; Estímulo del día de la madre; Estímulo del día del padre; Estímulo por antigüedad; Estímulo por jubilación; Ayuda de traslado; Prima quinquenal; Pago de horas extraordinarias; Prima dominical; Servicios de docencia; Subsidio de renta a personas titulares de órganos jurisdiccionales; Ayuda económica para protección y seguridad en el traslado de personas titulares de órganos jurisdiccionales, y Asignaciones adicionales a las personas servidoras públicas.

Nadie quiere arrebatar el dinero que ganan los trabajadores del Poder Judicial por sus actividades. Tampoco queremos que a los menos beneficiados se les arrebaten derechos de ninguna especie. Pero sí que cada peso que se entrega a cualquier poder, dependencia o ente autónomo se justifique centavo a centavo, pues el erario no se consigue como resultado de vender servicios jurídicos -al menos, no que se pueda confesar- sino que es la dotación de presupuestos para los pagos de burócratas y todos los demás que se deben entender como imposición para el funcionamiento de un poder que debe velar porque la equidad y la justicia sean la constante en un país donde aún prevalecen las desigualdades y el abuso de los ricos contra los más pobres.