La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, continúa explorando recursos para obstaculizar la reforma del Poder Judicial, en una postura que algunos críticos califican de desafiante frente a los principios de autonomía y equilibrio de poderes que establece la Constitución.
En entrevista con Aristegui Noticias, Piña afirmó que aún existen controversias pendientes, como la interpuesta por el gobierno de Guanajuato, además de consultas que plantea el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La ministra detalló que estos mecanismos están bajo revisión en la SCJN y se mostró dispuesta a considerar también los amparos presentados en juzgados de Distrito, evaluando incluso si el Pleno de la Corte podría atraerlos.
Sin embargo, su insistencia en frenar la reforma prueba que está ejerciendo presión desde la SCJN para impedir cambios ya aprobados por el Congreso. Para algunos analistas, la actitud de Piña va más allá de su papel en la Corte y se convierte en una injerencia en decisiones legislativas, cuestionando su compromiso con la separación de poderes.
El papel del ministro Alberto Pérez Dayán, quien rechazó analizar a fondo las impugnaciones, también fue objeto de mención por parte de Piña, quien manifestó sorpresa ante su voto y sugirió que podrían existir factores “no jurídicos” detrás de esta decisión. Aunque Piña insistió en respetar las motivaciones de sus colegas, sus comentarios han sido vistos como un intento de sembrar dudas sobre las decisiones de los ministros, generando tensión en el seno de la Corte.
Así, Norma Piña mantiene una posición firme para evitar el avance de la reforma judicial, a pesar de las advertencias de que sus acciones constituyen una intervención indebida en el ámbito legislativo y como una posible violación de la Constitución.
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