A pesar de que la Reforma Judicial, respaldada por el voto de los mexicanos, avanza con paso firme hacia una elección más democrática de jueces y magistrados, los trabajadores del Poder Judicial, encabezados por su vocera Patricia Aguayo, han decidido mantener un paro indefinido. Este movimiento ha generado controversia, pues muchos ciudadanos consideran que las nuevas disposiciones buscan acabar con la opacidad y asegurar que los servidores públicos judiciales sean electos por voto directo. Sin embargo, algunos sectores laborales dentro del Poder Judicial se oponen ferozmente a estos cambios.
Este fin de semana, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) puso fin oficialmente al paro en los juzgados y tribunales federales, marcando el regreso a las labores de jueces y magistrados, quienes volverán a sus funciones a partir del próximo miércoles 16 de octubre. Sin embargo, los trabajadores administrativos han decidido ignorar este llamado y continuar con su huelga, negándose a aceptar un marco legal que pretende beneficiar a la ciudadanía. El CJF ha declarado como días inhábiles el 17 y 18 de octubre para ajustar sus labores ante esta situación.
El proceso de insaculación se llevó a cabo en el Senado de la República el sábado pasado. A través de este mecanismo, se seleccionaron las primeras magistraturas y juzgados que serán sometidos a elección popular en junio de 2025. Con ello, se busca que 464 magistrados de circuito y 386 jueces federales sean electos directamente por los ciudadanos, lo que representa un cambio histórico en el sistema judicial mexicano.
Sin embargo, lejos de reconocer el esfuerzo por transparentar el proceso judicial y darle voz a la ciudadanía, Patricia Aguayo y el grupo que representa han mostrado su total rechazo. Aguayo calificó el proceso como un “circo” y minimizó la importancia de la participación ciudadana en la elección de las autoridades judiciales. Además, dejó claro que no levantará el paro hasta que se “garanticen” derechos y prestaciones laborales que, según ella, están en riesgo, sin ofrecer soluciones claras o propositivas.
Muchos sectores de la sociedad han cuestionado la posición de estos trabajadores, ya que la reforma impulsada busca modernizar el Poder Judicial y acabar con los privilegios que han generado desigualdades en su interior. Los críticos señalan que este tipo de resistencia interna solo frena el avance democrático y el acceso a una justicia más equitativa y eficiente.
La Reforma Judicial, apoyada por una gran mayoría de mexicanos, representa una oportunidad histórica para democratizar las instituciones del país. Mientras los paristas se aferran a intereses corporativistas, el resto del país sigue avanzando hacia un sistema más justo, donde los servidores públicos sean elegidos directamente por el pueblo.
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