A principios del 2011 ya estaba echada a andar toda la estrategia delictiva para imponer de nuevo al PRI en el gobierno del Estado de México, mientras que la tortilla y el maíz alcanzaban aumentos anuales acumulados de 11% y 40% en sus precios. Al mismo tiempo, se vivía el enésimo escándalo dentro de la PGR sobre la colusión de funcionarios públicos para impulsar nuevos fraudes inmobiliarios.
Pero al gobierno espurio de Felipe Calderón más le importaba en control de daños, frente al desastre de su administración de cara a las elecciones presidenciales del 2012. Así que lo que priorizaron fue mantener el control de la prensa convencional y así poder exigirles su silencio.
El 24 de marzo de aquel año, presenciamos un acto de subordinación voluntaria de los medios de comunicación hegemónicos que, al firmar el acuerdo propuesto con un gobierno usurpador, aceptaron silenciar su cobertura sobre la violencia descarnada que se vivían en todos los rincones de México, y que durante los primeros años de ese sexenio no tuvieron pudor en llamar “guerra contra el narcotráfico”. Justo esta semana de fin de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó y expuso en la mañanera quienes fueron los “comunicadores y periodistas” que hoy atacan a la Cuarta Transformación, pero en aquel momento aceptaron callar su voz y renunciar a su responsabilidad social de informar por petición expresa del poder político.
Aquel pacto de silencio a cambio de prebendas, se nombró como Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, donde confluyeron los dueños de los medios de comunicación masiva con los principales representantes del periodismo gansteril, justo quienes hoy prender ocupar el lugar de oposición política al gobierno de México.
Más allá de las vueltas que dio la vida, es fundamental recordar este hecho porque aquel silencio comprado, hoy es complicidad con el régimen represor de Felipe Calderón que aún tiene pendientes sendos juicios internacionales por contrabando de armas derivados del operativo Rápido y Furioso; así como las acusaciones directas de sus responsabilidades en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, frente a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.
Esos comunicadores tienen responsabilidades directas el aceptar callar y mentir sobre la “guerra” que emprendió Calderón, supuestamente a las estructuras criminales, pero que en la práctica solo favoreció a uno de esos grupos, dejando como resultados concretos los altísimos índices de letalidad propios de países con guerras abiertas o bajo ocupación militar. Para justificarse, aceptaron la narrativa gubernamental de que todas las víctimas eran delincuentes, criminalizando de manera a priori a miles de mexicanos que fueron asesinados, secuestrados y desaparecidos, ya fueran por algún grupo criminal o por los propios agentes del estado en colusión con ellos.
Doce años después, estamos presenciando como las élites conservadoras que por décadas vivieron medrando el erario público se han refugiado en el ejercicio del periodismo, como también lo hacen con las organizaciones civiles, para constituirse en reacción a este gobierno y seguir defendiendo sus intereses de grupo o los negocios de sus patrocinadores.
Juzgar a la víctima o lucrar con estos relatos es un lugar que les gusta ocupar cuando denuncian supuestos “ataques y estigmatización al periodismo”, que, según ellos, solo promueven la “polarización y la escalada de la violencia.”
Pero el mero ejercicio de memoria que se promueve todas las mañanas desde Palacio Nacional, los vuelve a desenmascarar en su hipocresía, pues si el ideal del periodismo es la verdad, ellos prefirieron canjearlo por el confort de sentirse privilegiados en un país de injusticias y desigualdad. Esa es la verdadero doctrina e ideal que defienden: el puro amor a venderse por dinero.
- Con la colaboración de David Toriz.
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