La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló los avances sobre la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna y sus socios. Gómez explicó que entre 2009 y 2018, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y otras dependencias otorgaron 30 contratos al Grupo Weinberg, liderado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto. Estos contratos ascendieron a más de 727 millones de dólares y 528 millones de pesos.
Empresas como Nunca Inc y Nunca Technologies Inc, vinculadas al Grupo Weinberg, recibieron sumas millonarias. Nunca Inc obtuvo 67 millones de pesos, mientras que Nunca Technologies Inc recibió más de 208 millones de dólares. Además, Nice Systems Ltd y Glac, entre otras compañías, se vieron beneficiadas con contratos multimillonarios.
Entre 2009 y 2018, diversas instituciones federales y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pagaron más de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos al Grupo Weinberg. Estos pagos fueron transferidos a cuentas bancarias en México, Barbados e Israel. Pablo Gómez también detalló que, de 2013 a 2020, Nunvac Inc envió recursos hacia Estados Unidos y otros países por un total de más de 538 millones de pesos y 218 millones de dólares.
El Grupo Weinberg también retornó al país más de 189 millones de dólares desde cuentas en Barbados, distribuyéndolos entre 109 beneficiarios en México, en un esquema de lavado de dinero que abarcó varios años.
En cuanto al proceso penal contra García Luna y sus socios, la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido 61 órdenes de aprehensión, de las cuales 12 ya han sido cumplidas, 36 siguen vigentes y ocho personas han sido vinculadas a proceso. Entre los detenidos destaca Jonathan Alexis Weinberg Pinto, responsable del manejo empresarial del grupo, arrestado en Madrid a finales de diciembre de 2023. Actualmente, el Estado Mexicano está a la espera de su proceso de extradición.
Además, Pablo Gómez mencionó que, antes del juicio que enfrentará García Luna en Florida, el juzgado ordenó la entrega al Gobierno de México de 2.4 millones de dólares obtenidos de la venta de inmuebles y acuerdos preparatorios. También se ha asegurado un departamento valuado en 555 mil dólares que pertenecía al exfuncionario, así como 15 propiedades más en Estados Unidos, vinculadas a García Luna y sus cómplices.
Este golpe a la estructura financiera de García Luna representa un paso más en la lucha del gobierno de la Cuarta Transformación para combatir la corrupción a gran escala, desmantelando redes que operaron impunemente durante años.
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