Luis Vizcano Carmona, ex director general de Derecho y del gobierno de la ex delegación Benito Juárez, ganó la suspensión definitiva otorgada por un juez de distrito contra la orden que lo vincula a proceso y prisión preventiva dictada por un juez de control de la Ciudad de México el 14 de julio, por delitos de orden común cometidos por o contra servidores públicos locales, dentro del expediente judicial 008/395/2023.
El Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México otorgó la medida cautelar contra el fallo del juez de control del Sistema Procesal Penal acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; sin embargo, la sentencia no implica que ahora sea libre de dedicarse a sus asuntos.
“Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el resultando primero por los motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria” señala la resolución del juez quien soló dio a conocer el sentido de su sentencia, pero no hizo público el expediente con las razones.
Es el segundo juicio que enfrenta el ex funcionario. En agosto del año pasado fue procesado por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
La justicia otorgó la semana pasada a Vizcano Carmona la inhabilitación temporal contra los presuntos hechos; sin embargo, a pesar de las impugnaciones de la decisión por parte de las autoridades capitalinas, un tribunal colegiado consideró infundado el recurso de denuncia.
El exfuncionario fue detenido a finales de julio de 2022 por efectivos de la policía de investigaciones en la colonia Del Valle como parte del proceso que enfrenta por enriquecimiento ilícito.
Presuntamente formó parte del llamado cártel inmobiliario Benito Juárez porque, según la Procuraduría General de la República, recibió 69 millones de pesos de dos inmobiliarias entre 2015 y 2016 por presuntas actividades ilícitas y posible extorsión.
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