Organismos autónomos, entre la democracia y la corrupción

Nuevamente los llamados Organismos Autónomos se encuentran en el ojo del huracán al ser señalados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como productores de corrupción y defensores de una minoría. Así que, volvemos a hablar un poquito de estas instituciones y de lo que representan.

Los contrapesos

Según la ya vieja y clásica teoría de liberalismo político señalaba la creación de 3 poderes para gobernar la sociedad, uno ejecutivo (para ejecutar todas las políticas públicas, que estaría bajo la figura de rey o presidente según el caso), uno judicial (para hacer respetar las leyes y su ejecución) y uno legislativo o parlamentario (que reformaría y crearía las leyes necesarias para mantener la gobernabilidad).

Esta misma teoría afirma que entre estos tres poderes deberían existir contrapesos para regularse y ponerse límites a sí mismos y evitar cualquier indicio de autoritarismo por parte de alguno de ellos.

Curioso es que desde entonces y a través de todo el desarrollo de este modelo liberal de democracia vimos cómo el poder ejecutivo era el mandón y quién determinaba lo que se haría. El legislativo (que si era votado) y el judicial (que no es votado) eran solo adornos que servían al otro poder en apariencia (aunque el verdadero mandón era el poder económico).

Autonomía neoliberal

Con ese panorama se veía predecible de que surgieran otros poderes reconocidos constitucionalmente para poner límites y contrapesos a los poderes, principalmente al ejecutivo. Así surgen los organismos autónomos que no dependen de ninguno de esos poderes y tienen facultades de revisión y sanción a las instituciones públicas y algunas privadas.

Sin embargo, en la práctica lo que podría verse como una demanda popular y de democracia real se transformó desde un comienzo en más elementos del supremo poder conservador y en esta época necesariamente del neoliberalismo.

Así, vimos que surgían organismos para garantizar elecciones justas (INE) pero siempre se vendían a la minoría y legitimaban fraudes electorales (2006), otros tenían la función de regular mercados como el energético (CRE), el de telecomunicaciones (IFT) y mercados en general (Cofece) pero veíamos que siempre se ponían del lado de las grandes empresas en detrimento del pueblo.

También, existen otros que defienden el acceso a la información y la transparencia (INAI) mediante solicitudes y trámites sumamente burocráticos y tardados que la gran mayoría de veces no transparentan la información. Más aún, ocultaron grandes fraudes con alevosía y ventaja.

Y debemos señalar que además son organismos onerosos, una verdadera burocracia dorada que algunas y algunos de su personal llegan a ganar más que el presidente mismo violando la constitución. Viven en burbujas de privilegios a costa del erario público, sí, de nuestros impuestos.

Democracia popular

Quizás el único organismo autónomo que se salva pero que debe mejorar bastante es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogos regionales. La CNDH si surgió de una lucha popular y ha tratado de responder a esas demandas de justicia. El INE en su momento surgió de algo así pero como vimos se corrompió.

En ese sentido, los señalamientos constantes de AMLO y su anuncio reciente de eliminar al menos 10 de ellos están más que justificados. Son un lastre neoliberal y corrupto que vino a perfeccionar en su momento la maquinaria conservadora de gobierno.

Por ello es importante desenmascararlos, no son democráticos ni ayudan a que exista una democracia popular en nuestro país. A lo que debemos aspirar es al empoderamiento del pueblo, a la democracia participativa, a hacer políticas para todas y para todos.

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