El Congreso de la Ciudad de México marca un precedente en la lucha contra la corrupción al aprobar unánimemente un dictamen que incorpora el delito de corrupción inmobiliaria en el código penal local. Esta reforma, propuesta por el jefe de gobierno Martí Batres, busca erradicar la construcción irregular y el tráfico de influencias, fortaleciendo la legalidad en el desarrollo urbano y protegiendo el derecho a la ciudad de sus habitantes.