La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha decidido abrir una consulta al Pleno del tribunal para determinar si es posible pronunciarse sobre la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, ya aprobada por la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, busca democratizar y transparentar la impartición de justicia en México, pero ha encontrado resistencia por parte de ciertos sectores del Poder Judicial.
Norma Piña ha demostrado una postura ambigua respecto a esta reforma crucial. A pesar de que se trata de un proyecto que busca acabar con privilegios, discrecionalidad y corrupción dentro del Poder Judicial, Piña insiste en mantener consultas y procesos que parecen más destinados a frenar el avance de esta transformación necesaria. Esto levanta serias dudas sobre su verdadero compromiso con la justicia para el pueblo mexicano, que lleva años exigiendo un sistema judicial más accesible, democrático y justo.
Los expedientes que contienen las consultas, numerados como 1/2024 y 2/2024, fueron turnados con carácter de urgencia a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien ha expresado abiertamente su apoyo a la reforma judicial. Sin embargo, la presidenta Piña ha pedido previamente tanto al presidente López Obrador como a la próxima mandataria, Claudia Sheinbaum, que se analice más a fondo el impacto de la reforma. Esto ha generado la percepción de que, bajo su liderazgo, la Corte podría estar obstaculizando el cambio al aferrarse a los privilegios que la nueva ley intenta erradicar.
El argumento esgrimido por algunos jueces de Distrito y magistrados de circuito, quienes consideran que la reforma es violatoria de la autonomía e independencia del Poder Judicial, ha sido uno de los pilares de la oposición de Norma Piña. Sin embargo, resulta contradictorio que se hable de autonomía cuando la realidad refleja un Poder Judicial capturado por intereses particulares, alejado de las necesidades del pueblo.
JUDEF pide a la SCJN atraer el caso
Esto ocurre luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) solicitara al Pleno de la Suprema Corte atraer el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y ordenar la suspensión de la discusión. En ese momento, el dictamen aún no había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero sí por sus comisiones.
En la petición irregular de la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, se señaló que el uso de la facultad de atraer el asunto está prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que señala que el Pleno de la Corte “velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes”.
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