Pasado el mediodía de este lunes, las y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron por quien sería el próximo presidente del máximo tribunal del país, siendo elegida con seis votos, Norma Lucía Piña Hernández, por encima de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, considerado el favorito de la derecha.
Piña Hernández estudió para profesora de primaria Benemérita Escuela Nacional de Maestros, además de contar con licenciatura en Derecho por la UNAM, una especialidad en Psicología Social y Comunicación por el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación. Es doctorante en la División de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, sumado a su especialidad en Derecho Penal, Universidad Panamericana.
En lo laboral se ha desempeñado como profesora de educación primaria en la Escuela de Experimentación Pedagógica “Manuel M. Acosta” Anexa a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, magistrada de Circuito por Oposición a partir del 04 de septiembre de 2000, magistrada ratificada en el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. y ocupó el mismo cargo en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito desde 2015.
Norma Lucía Piña Hernández llegó a la suprema corte en 2015, propuesta por el priista Enrique Peña Nieto en sustitución de Olga Sánchez Cordero, que dejaba la SCJN en ese momento.
Después de que se tomara este camino, la nueva presidente de la SCJN aseguró que no se siente ni victoriosa, ni triunfante. Detalló que está comprometida a representar al Poder Judicial de la Federación, así lo expresó al momento de rendir protesta.
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Piña Hernández es considerada de una derecha moderada, ya que en meses recientes se pronunció en contra de la prisión preventiva oficiosa, acusando que esta atenta contra la presunción de inocencia, además de que se dijo en contra de que los funcionarios públicos estén inhabilitados 10 años para trabajar en la industria privada.
Entre los ejes que definen su agenda en la SCJN, destacan la independencia del Poder Judicial, la equidad de género, el combate al nepotismo y corrupción al interior del poder judicial, la impartición de justicia con enfoque en los Derechos Humanos y poblaciones en situación de vulnerabilidad además de la transparencia procesal .
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