Si quedaba alguna duda respecto a la desesperación del poder judicial por echar abajo la famosa reforma, esta ha sido despejada por dos sucesos clave: las declaraciones o intromisión del Bank of America y el llamado a paro general indefinido por parte del poder judicial.
El primer caso, que a nadie sorprende, es la presión que buscan generar desde el exterior a partir del argumento decimonónico de la desestabilización. Algo similar a lo que sucedió entre las décadas de los 50 y 80´s donde el vecino del norte impulsaba los golpes de Estado en países latinoamericanos para frenar el avance de las transformaciones políticas y sociales emanadas desde los pueblos. Hoy, una de las caras más atroces del imperialismo, se entromete en la reforma judicial tratando de desvirtuar los verdaderos objetivos de la reforma que no son otra cosa que transparentar y eficientar el actuar de los juzgadores que hasta el momento dejan más dudas que certezas a la hora de impartir la justicia.
El segundo suceso, el llamado al paro, no es otra cosa más que el grito desesperado de quiénes se rehúsan a la exigencia general de transformar de fondo al poder judicial, exigencia que quedó demostrada en las urnas durante el proceso electoral.
Sin embargo, en este punto hay que dejar en claro varios aspectos. Empezando porque los convocantes alinean el discurso de manera perfecta con el discurso de la derecha u oposición de este país. Es decir, no existe argumentación de fondo que deje en claro si realmente existen elementos que hagan suponer si la reforma puede tener consecuencias negativas al momento de impartir justicia o si la reforma per se, significa un atentado contra la clase trabajadora de ese poder independientemente del tipo de contratación. Al igual que el desgastado y para nada creíble discurso opositor, la narrativa no pasa de la descalificación y las falacias que rebasan la ficción.
A esto hay que sumar lo que no admiten los convocantes: su discurso no alcanza a hacer eco en la ciudadanía porque precisamente es esta la que exige la reforma. Y no, para nada pretenden estas líneas sumarse de manera simplona al discurso (aunque basado en la razón) de que el pueblo votó por el Plan C, sino de dejar claro que no hay por ningún lado empatía hacia los paristas pues para la opinión pública, el poder judicial es mal visto por todos lados. Pero ¿cómo habría de manifestar el pueblo un respaldo a los paristas cuando la justicia ha sido una de las principales carencias de este país? Por lo tanto, de nada sirve convocar a un paro cuando si algo se tiene claro es que la discusión de fondo está en la posibilidad de democratizar y transparentar el poder judicial que sólo ha estado hasta el momento al servicio de los poderosos.
La reforma es un hecho histórico porque de una u otra forma se traducirá en beneficios a corto plazo tanto para la democracia como para el pueblo en general. Puede, como toda reforma, ser perfectible si a esta no se le cambia el espíritu, por eso, sin soslayar en el derecho de cualquiera a manifestarse, lo cierto es que no hay paro que valga, la reforma va y no hay vuelta atrás. Aprobarla es el mayor acto de justicia que se puede hacer para todos aquellos que han sido lastimados por el poder judicial.
La oposición extrema a la reforma ha agotado todas sus instancias, entre ellas la súplica de intervencionismo imperial, pero, con el respaldo popular se saldrá avante hasta de las presiones económicas. Así que, aquellos traidores que cabildean por los pasillos del Bank of America les resta regresar a casa con las manos vacías y ojalá estén preparados para enfrentar una nueva realidad en materia judicial en este país.
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