La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (ANMJ) informó en un comunicado la reanudación de las labores jurisdiccionales tras un paro que ha causado severos daños económicos y sociales al país. A pesar del alto costo de esta medida, los magistrados y jueces mantuvieron sueldos millonarios durante todo el conflicto, lo que ha generado fuertes críticas y descontento entre la ciudadanía.
De acuerdo con el documento emitido, los jueces y magistrados han decidido volver a sus funciones a partir del próximo 28 de octubre de 2024, luego de recibir la Circular 23/2024 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, el paro que realizaron, justificado por ellos como una “legítima forma de protesta”, fue percibido por muchos como un acto irresponsable y egoísta que paralizó la impartición de justicia en todo el país.
Durante el paro, los magistrados y jueces han seguido percibiendo sus salarios, los cuales son considerablemente elevados, mientras el sistema de justicia quedó detenido y miles de casos se estancaron.
Acusaciones de egoísmo y falta de ética
En el comunicado, la ANMJ asegura que esta decisión de retomar actividades se tomó en “beneficio de la población”. No obstante, la opinión pública se ha mostrado incrédula y molesta, ya que los funcionarios continuaron recibiendo sueldos millonarios a pesar de no cumplir con sus obligaciones.
A lo largo del paro, la Asociación Nacional de Magistrados ha manifestado que su protesta se debió a lo que consideran una “falta de respeto” a la autonomía e independencia del Poder Judicial por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, para muchos mexicanos, estos argumentos no justifican el impacto negativo generado por la suspensión de las labores de justicia.
Solicitudes al Consejo de la Judicatura y llamados al Congreso
En el documento, los magistrados también pidieron al Consejo de la Judicatura Federal respetar la independencia judicial y se comprometieron a defender su autonomía. Además, hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe de manera contundente en la protección del orden constitucional.
No obstante, la inconformidad entre la sociedad persiste debido a la afectación que este paro ha ocasionado en la economía y en la impartición de justicia, donde las demandas y procesos legales de miles de ciudadanos quedaron en pausa, mientras los funcionarios mantuvieron su remuneración económica.
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