En México, la lucha contra la corrupción y la impunidad fue una de las principales banderas de la Cuarta Transformación. El arribo de un gobierno con un discurso centrado en la honestidad, la transparencia y la regeneración de la vida pública trajo consigo una esperanza real de cambio estructural. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, siguen emergiendo casos que revelan que no todos han adoptado esa visión. No se trata de atacar a los actuales gobernantes ni de minimizar los avances alcanzados, sino de reconocer que, incluso en el entorno más comprometido con el cambio, siempre puede surgir “un frijol en el arroz”.
Este fenómeno no es exclusivo de México. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha impulsado una transformación política y social sin precedentes, principalmente con su política de mano dura contra las pandillas a través del polémico régimen de excepción, que ha llevado a la detención de más de 80,000 personas vinculadas al crimen organizado. Su gobierno ha logrado reducir drásticamente los índices de homicidio hasta posicionar al país como uno de los más seguros de América Latina y ha ganado una legitimidad popular impresionante. No obstante, en medio de esos logros, también han emergido casos de corrupción dentro de su administración, incluyendo señalamientos de contratos irregulares, nepotismo y falta de transparencia en adquisiciones públicas durante la pandemia. Esto demuestra que, incluso con un liderazgo firme y disruptivo, los sistemas gubernamentales siguen siendo vulnerables a la corrupción si no se refuerzan los mecanismos de control.
En nuestro México, la realidad es similar: la presidenta Claudia Sheinbaum, los gobernadores o alcaldes no pueden tener control absoluto sobre cada acción de sus colaboradores. Ni siquiera con cuerpos de inteligencia, vigilancia institucional o redes de control interno se puede garantizar que la tentación no toque a alguien. La corrupción es una enfermedad de largo plazo, arraigada en una cultura de impunidad que lleva décadas alimentándose en las sombras de las instituciones.
Hoy, la presidenta Sheinbaum representa la continuación de ese proyecto transformador. Rodeada de figuras clave como Omar García Harfuch en Seguridad, y con un gabinete que, hasta el momento, ha mantenido una línea institucional limpia, parece haber voluntad política para avanzar en el combate a las prácticas deshonestas. Sin embargo, la voluntad por sí sola no basta.
Lo que México necesita no es una guerra contra la corrupción con fines mediáticos, sino un fortalecimiento real de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los delitos administrativos y financieros. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por ejemplo, debe asumir un rol más activo, riguroso y técnico para detectar movimientos sospechosos especialmente entre servidores públicos y hacerlo con imparcialidad y contundencia.
Asimismo, es urgente dotar de autonomía plena a los órganos de fiscalización, blindarlos de presiones políticas y mejorar sus capacidades técnicas. La ciudadanía también debe asumir un papel más vigilante, exigiendo cuentas y denunciando irregularidades.
La transformación verdadera no solo se logra desde la presidencia o los altos mandos. Se construye día a día en cada dependencia, en cada oficina pública, y sobre todo, en la convicción de que servir al pueblo es un honor, no una oportunidad para enriquecerse.
Que no nos sorprendan los “frijoles en el arroz”, pero que tampoco nos resignemos a su presencia. La vigilancia, la ética y la institucionalidad son los ingredientes que pueden devolverle el sabor justo a la vida pública en México.
Y por cierto… qué rico es el arroz con frijol, uno de mis platillos favoritos. Ojalá así de nutritiva fuera también la política.
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