Este fin de semana, la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió una denuncia de contradicción de criterios en materia electoral respecto a la asignación de curules en el Congreso de la Unión. Ante esta situación, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN, emitió un comunicado expresando su preocupación y advirtiendo sobre las posibles consecuencias de esta decisión.
Según Batres Guadarrama, la admisión de esta denuncia por parte de la SCJN podría significar una extralimitación de sus facultades, lo que pondría en riesgo la estabilidad constitucional del país. En su comunicado, la ministra enfatizó que la resolución de este procedimiento legal debería corresponder al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es la máxima autoridad en materia electoral según el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Lenia Batres sostiene que la contradicción de criterios planteada no es la vía adecuada para afectar situaciones jurídicas específicas, como la distribución de curules en una elección, especialmente cuando el proceso electoral ya se ha consumado y las reglas del juego no han cambiado desde 2008. Además, subraya que según la sentencia emitida en la contradicción de criterios 228/2022, una contradicción entre criterios solo puede presentarse cuando estos interpretan de manera divergente un mismo precepto constitucional, lo cual no es el caso en esta denuncia.
Batres Guadarrama hace un llamado a sus colegas de la SCJN a actuar con prudencia y responsabilidad, respetando las facultades del TEPJF para calificar la elección sin presiones externas. Concluye su comunicado afirmando que México merece que sus instituciones actúen conforme al mandato constitucional y respeten la voluntad popular expresada en las urnas, para así fortalecer el estado constitucional democrático de derecho en el país.
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