El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un ambicioso plan de reforma al Poder Judicial, cuyo objetivo principal es democratizar la elección de Ministros, Magistrados y Jueces, y garantizar mayor transparencia y austeridad en el sistema judicial. El documento difundido el 20 de agosto de 2024 detalla cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, marcando un giro hacia la participación ciudadana y el control democrático.
Uno de los puntos clave de la reforma es que, a partir de ahora, todos los cargos de Ministros, Magistrados y Jueces serán elegidos mediante voto libre y secreto por la ciudadanía, eliminando el proceso cerrado que anteriormente otorgaba este poder al Senado y a los procesos internos del Poder Judicial. La reforma también establece la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, independiente de la Suprema Corte, encargado de vigilar la actuación de los juzgadores y de imponer sanciones en caso de irregularidades.
Además, la reforma introduce un sistema de evaluación del desempeño para los Jueces y Magistrados, quienes deberán ser ratificados por voto popular cada nueve años. Este mecanismo busca asegurar que los funcionarios judiciales cumplan con sus obligaciones de manera eficiente y justa, con la posibilidad de ser suspendidos o destituidos por mal desempeño.
En línea con la política de austeridad del gobierno, la reforma también incluye la reducción de sueldos para que no superen la remuneración del Presidente de la República, la eliminación de pensiones vitalicias y fideicomisos, y la reintegración de estos fondos para apoyar la implementación de la reforma y garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores.
La primera elección popular para renovar los cargos del Poder Judicial está programada para el 1 de junio de 2025. En esta jornada, se elegirá a la totalidad de Ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina, y varios Magistrados y Jueces. Las campañas serán breves, con una duración de dos meses, y estarán limitadas en financiamiento, permitiendo solo el uso de tiempos en radio y televisión y foros de debate.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será el responsable de organizar, supervisar y fiscalizar estas elecciones históricas, que representan un paso significativo hacia la reforma del sistema judicial mexicano y el fortalecimiento de la democracia en el país.
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