La jueza Martha Magaña, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Morelos, se encuentra en el centro de la polémica tras haber aprobado varias suspensiones a la discusión de la reforma judicial en el Congreso de la Unión y en congresos estatales. Su actuar ha generado críticas por frenar un proceso que busca mejorar la transparencia y eficiencia del Poder Judicial.
Magaña ha justificado sus acciones asegurando que la elección popular de jueces afectaría la profesionalización del sistema judicial, pero su argumento es una estrategia para proteger los intereses de grupos dentro del poder judicial que temen perder sus privilegios.
¿Defensa de la justicia o protección de intereses?
Ante la prensa, la jueza afirmó que el mecanismo propuesto para la elección de jueces, que involucra propuestas de otros poderes y una selección mediante tómbola, podría dejar a los ciudadanos en un “estado de indefensión”. Según Magaña, esta reforma eliminaría la profesionalización necesaria en los cargos judiciales. Sin embargo, estos comentarios encubren el verdadero problema: la resistencia al cambio en un sistema donde los jueces han mantenido poderes discrecionales y la falta de transparencia.
Confusión deliberada sobre el sistema judicial
Magaña también señaló que la reforma judicial está confundiendo al Poder Judicial con otras instituciones del sistema de justicia, como policías y ministerios públicos, que están bajo el control del Poder Ejecutivo. Esta crítica ha sido vista como un intento por desviar la atención de los cuestionamientos sobre su independencia y las decisiones que ha tomado en beneficio de ciertos grupos de poder.
“El sistema de justicia inicia en las detenciones con los policías municipales y estatales, cuando tú vas a presentar una denuncia en las fiscalías, con los ministerios públicos; todos ellos no son el Poder Judicial de la Federación“, comentó Magaña, en un esfuerzo por mantener intacto un sistema judicial que se ha caracterizado por su opacidad.
¿Corrupción detrás de la suspensión?
La jueza Magaña se ha negado a profundizar sobre la suspensión definitiva que dictó en contra de la discusión de la reforma judicial, argumentando que aún hay procedimientos en curso.
“Sé que hay varias suspensiones, no sólo a la mía”, explicó escuetamente. Sin embargo, estas suspensiones están siendo utilizadas como un mecanismo de presión política, manteniendo al Poder Judicial alejado de los cambios estructurales que el país requiere.
Críticas por la rapidez del Legislativo, pero ¿y la lentitud del Judicial?
Además de sus acciones judiciales, Magaña criticó la rapidez con la que el Poder Legislativo ha impulsado la reforma judicial, sin tomar en cuenta —según ella— las implicaciones para los trabajadores del sistema judicial y la ciudadanía. No obstante, esta postura ha sido catalogada por muchos como un intento más por demorar reformas clave y mantener el status quo.
El trasfondo de estas suspensiones y sus impactos en el sistema de justicia deja a la ciudadanía preguntándose si los intereses detrás de estos movimientos son realmente de protección al ciudadano o si se trata de un esfuerzo por preservar un sistema donde la corrupción y la impunidad siguen siendo un problema estructural.
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