En un hecho que sienta un peligroso precedente, la jueza federal Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ha dictado una resolución que podría interpretarse como un desafío directo a la Constitución mexicana y al proceso legislativo. La magistrada ordenó la eliminación de la publicación del Decreto de Reforma Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), alegando supuestas violaciones en el procedimiento de aprobación de dicha reforma.
Lo que llama la atención no es solo la medida en sí, sino el claro mensaje que envía: los jueces, una vez más, parecen posicionarse por encima de la ley y la Constitución, al dictar resoluciones que afectan el orden constitucional y democrático del país. Juárez Salas argumentó que el dictamen de la reforma no fue discutido ni votado en el plazo de 30 días naturales, un requisito que, paradójicamente, solo aplica a las iniciativas preferentes, y no a las reformas como la del Poder Judicial de la Federación (PJF), que no tiene esta categoría.
¿Quién está por encima de quién?
La decisión de la jueza, derivada de una solicitud de una trabajadora del PJF, plantea preguntas sobre los límites de la autoridad judicial y su respeto por los procedimientos constitucionales. A pesar de que la Constitución otorga facultades específicas al Congreso y al Ejecutivo para llevar a cabo reformas, la suspensión definitiva concedida por Juárez Salas pretende revertir un proceso ya completado, con la excusa de “restituir derechos” supuestamente vulnerados. Esto plantea una grave amenaza al principio de la división de poderes, ya que una decisión judicial, que debería actuar dentro del marco de la ley, ha invalidado un procedimiento que fue debatido y aprobado por representantes electos democráticamente.
En su resolución, la jueza indicó que la publicación del decreto de la Reforma Judicial debería ser eliminada, ordenando al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al Director del DOF, Alejandro López González, que acaten dicha instrucción. El fallo invoca de manera preocupante principios como la independencia judicial y la imparcialidad, pero termina convirtiéndose en un ejemplo claro de cómo el poder judicial puede interferir en los procesos legislativos que no le competen.
Un precedente peligroso para el orden constitucional
Este tipo de decisiones no es aislado. Previamente, otros jueces habían concedido suspensiones para frenar la aprobación de la reforma, aunque ninguna tuvo éxito hasta ahora. La constante intervención judicial en procesos legislativos aprobados democráticamente pone en jaque el equilibrio de los poderes en México. La jueza Juárez Salas parece estar estableciendo una peligrosa tendencia, en la cual los jueces se adjudican el papel de árbitros finales de las decisiones políticas y legislativas, aún cuando estas no violen la Constitución.
Más allá de los tecnicismos legales, el mensaje es claro: si los jueces pueden bloquear reformas basadas en interpretaciones dudosas de la ley, el poder legislativo y ejecutivo se convierten en actores secundarios en el proceso de transformación del país. Y mientras tanto, el pueblo queda a merced de resoluciones judiciales que no siempre parecen responder al interés colectivo.
¿Qué podemos esperar?
La resolución de la jueza Juárez Salas aún debe ser notificada oficialmente al Presidente de México y al Director del DOF. Sin embargo, es claro que este fallo no solo buscará modificar la publicación del DOF, sino que abre la puerta a una discusión más amplia sobre los límites del poder judicial y su capacidad para intervenir en las decisiones legislativas. Este tipo de actuaciones judiciales deberían alertarnos sobre el creciente poder de los jueces y su capacidad de interferir en procesos que, por su propia naturaleza, pertenecen a la esfera de la voluntad popular expresada en el Congreso.
El reciente fallo de la jueza Nancy Juárez Salas evidencia cómo algunos miembros del poder judicial se ven a sí mismos como árbitros supremos, incluso por encima de la Constitución. Estas acciones, lejos de proteger la legalidad, amenazan la estabilidad democrática y la división de poderes en México.
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