Este 30 de marzo marcará un hito en la historia de México: por primera vez, se llevarán a cabo campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local. Con ello, se pone fin a un capítulo oscuro en el que la justicia estuvo en manos de los poderosos y no del pueblo, como lo dicta la Constitución.
Como en toda elección, algunos candidatos son más conocidos que otros. Por ello, es responsabilidad de todas y todos informarnos sobre quienes aspiran a impartir justicia en nuestro país.
En ese sentido, mucho se ha hablado de quienes aún integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ahora buscan refrendar su labor mediante el voto popular. Tal es el caso de Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, ministras que, durante su gestión, han sido objeto de constantes ataques por intentar impartir justicia en favor del pueblo.
Lenia Batres es quizá una de las candidatas más señaladas por la oposición. Su perfil encarna el cambio que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso para la Corte. Licenciada en Derecho desde 2008, Batres conoce de primera mano las carencias y desigualdades que aquejan a la sociedad, pues, dos décadas antes de obtener su título, trabajó como cajera en un supermercado.
Por su parte, Loretta Ortiz cuenta con una trayectoria académica y profesional sobresaliente. Ha publicado una impresionante cantidad de libros y artículos, además de haber sido presidenta honoraria de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado.
Yasmín Esquivel es otra de las ministras que buscan su legitimación en las urnas. Su trayectoria es un testimonio de cómo el pueblo puede apropiarse de instituciones que, históricamente, han estado reservadas para quienes ostentan poder económico o político. Esquivel es doctora en Derecho y se formó en instituciones públicas desde el preescolar hasta la universidad; solo en la maestría estudió en instituciones privadas. Su preparación y experiencia la colocan como una figura clave en esta transformación judicial.
Además de quienes ya forman parte del Poder Judicial, también hay candidatos con una visión del derecho centrada en el bienestar ciudadano. Tal es el caso de César Gutiérrez Priego, quien decidió estudiar Derecho para defender a su padre y su familia de las inconsistencias y corrupción del sistema judicial. En carne propia vivió la persecución del Estado, particularmente durante el gobierno de Ernesto Zedillo, quien acusó a su padre de vínculos con el narcotráfico, mientras él mismo tenía lazos con el llamado Amado Carrillo el “Señor de los Cielos” y gracias a sus habilidades logró demostrar la inocencia de su padre.
Otro personaje relevante en esta contienda es Federico Anaya, a quien conozco desde hace algunos años, cuando fui consejero universitario impugnado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Durante aquella crisis, que derivó en una huelga estudiantil, Anaya asumió la defensa de los consejeros agredidos por la entonces rectora Esther Orozco. Su compromiso con la justicia quedó demostrado cuando, como abogado general de la UACM, resolvió casos de acoso sexual, defendió a estudiantes agredidos por la policía capitalina dentro del Metro y logró la emisión del primer título profesional con la identidad de una mujer transgénero.
Las cartas están sobre la mesa. Por primera vez, la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de decidir quién impartirá justicia. ¿Elegiremos a quienes entienden la realidad del pueblo o permitiremos que la vieja élite se reinvente para seguir controlando los tribunales?
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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