A pocas horas de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retome el análisis de la reforma de supremacía constitucional promovida por Morena, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, reiteró su postura en contra de la propuesta. Esta reforma busca reforzar la capacidad del Poder Legislativo para modificar la Constitución y evitar que el Poder Judicial bloquee tales cambios mediante amparos o acciones de inconstitucionalidad.
Laynez argumentó que la reforma, que incluiría un artículo transitorio para aplicar las nuevas disposiciones incluso en casos en curso, sería “retroactiva” e inconstitucional. Sin embargo, los legisladores de Morena defienden la medida como un ejercicio legítimo de sus facultades para evitar que el Poder Judicial intervenga en asuntos que responden al interés colectivo y al desarrollo institucional del país.
En declaraciones para Radio Fórmula, Laynez describió la reforma como un “obstáculo” para la Corte en su función de análisis, afirmando que esto afectaría no solo al Poder Judicial, sino también a los derechos ciudadanos. Sin embargo, la postura de Laynez refleja la resistencia de ciertos sectores del Poder Judicial que buscan mantener intacta su capacidad de intervenir en decisiones del Congreso, especialmente aquellas que tocan intereses particulares y privilegios en el ámbito judicial.
Esta reforma, denominada de supremacía constitucional, responde a un contexto en el que el Poder Legislativo busca garantizar la supremacía de la Constitución sin interferencias del Poder Judicial, un principio que ha sido obstaculizado por ministros que, como Laynez, ven en ello una pérdida de su poder. Al respecto, voces del Congreso sostienen que la reforma es una medida justa y necesaria para reforzar el equilibrio de poderes, donde el Legislativo actúe en función de su mandato popular.
Además, el ministro Laynez advirtió que esta reforma permitiría al Congreso aprobar cambios sin que el Poder Judicial pueda obstaculizarlos, una preocupación que parece reflejar más el temor a perder privilegios que un riesgo real para los ciudadanos. Para algunos analistas, esta defensa a ultranza de la intervención judicial sobre el trabajo legislativo expone cómo ciertos actores dentro del Poder Judicial buscan proteger su propio control, incluso por encima de la voluntad popular expresada en el Legislativo.
El proceso sigue en curso, y la votación en el Congreso marcará un momento decisivo sobre la autonomía del Legislativo para llevar a cabo reformas constitucionales y consolidar una auténtica supremacía constitucional. La reforma podría sentar un precedente que obligue a la Corte a respetar las decisiones del Congreso sin condicionamientos, algo que Laynez y otros ministros ven con recelo.
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