La reforma que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) marca un punto decisivo en la evolución de las políticas de seguridad en México. Este cambio, aprobado por el Congreso la madrugada del 20 de septiembre, ha generado intensos debates sobre las implicaciones que conlleva para el futuro de la seguridad pública del país. Sin embargo, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha insistido en que no existe peligro de militarización, y que la reforma, además de fortalecer a la Guardia Nacional, garantizará el respeto a los derechos humanos bajo un mando civil.
Sheinbaum ha subrayado que, pese a las críticas, el control de la Guardia Nacional no representa una militarización, ya que las decisiones estratégicas sobre seguridad seguirán dependiendo del poder civil que ella encabezará como Presidenta. Esto responde a preocupaciones expresadas por la oposición y organizaciones civiles sobre posibles modificaciones al artículo 129 de la Constitución, que establece limitaciones para el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Aun así, la mandataria electa ha dejado claro que este traspaso de control a la SEDENA es un paso natural en la consolidación de la seguridad nacional, una de las mayores prioridades de la administración del Presidente López Obrador.
Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, México ha experimentado un enfoque renovado en la seguridad nacional. La creación de la Guardia Nacional en 2019 fue quizás el cambio más significativo, pero también vinieron acompañados otros avances clave que sentaron las bases de una transformación profunda en el sector.
Uno de los logros más destacados ha sido la reestructuración institucional de la seguridad pública, que incluyó la creación y consolidación de la Guardia Nacional como el eje central de la estrategia de seguridad. Desde su creación, este cuerpo ha crecido exponencialmente, superando los 120,000 elementos, lo que permitió fortalecer la capacidad de respuesta ante el crimen organizado y la violencia en diversas regiones del país. La estrategia se ha complementado con la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sin descuidar áreas clave como la protección de fronteras y la administración de infraestructura estratégica.
Otro de los pilares de la política de seguridad de López Obrador ha sido la coordinación interinstitucional. El gobierno ha buscado eliminar barreras burocráticas entre diferentes niveles de gobierno, lo que ha resultado en una mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad. De igual manera, los programas sociales se han integrado a la política de seguridad, abordando las causas profundas de la violencia a través de la inversión en el bienestar de las comunidades más afectadas por el crimen. Estos esfuerzos han buscado construir una relación de confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, lo cual ha sido vital para generar resultados duraderos.
La creación de una agenda integral en materia de seguridad, que prioriza tanto la prevención del delito como la reacción ante los mismos, ha sido fundamental. Los avances también se reflejan en una mayor capacidad tecnológica y en la modernización de los sistemas de inteligencia. Este enfoque ha permitido que las autoridades federales actúen de manera más precisa y efectiva en la identificación y desmantelamiento de redes criminales.
Con la reforma aprobada en el Congreso, ahora toca al Senado revisar y ratificar esta medida, que marcará el inicio de un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum. Su papel como Presidenta será clave para mantener el equilibrio entre la eficiencia operativa y el respeto a los derechos humanos, aspectos que ha subrayado en diversas ocasiones. Sheinbaum ha asegurado que la seguridad del país no caerá en un mando militar, sino que será liderada por el poder civil bajo su dirección como comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
Los avances en seguridad nacional que ha dejado la administración de López Obrador proporcionan una plataforma sólida para que la Presidenta entrante enfrente los retos que siguen en esta materia. La transición de la Guardia Nacional a la SEDENA puede verse como una extensión de estas políticas, cuyo propósito no es militarizar la seguridad, sino consolidar la cooperación entre las fuerzas civiles y militares. De esta manera, la estabilidad y la protección del país descansarán sobre una estructura más integrada y eficiente.
Con los cimientos ya establecidos por el gobierno saliente, la tarea de Sheinbaum será mantener el curso de la transformación, asegurando que los avances logrados se consoliden mientras se enfrenta a las nuevas amenazas que puedan surgir. Las expectativas sobre su capacidad de liderar la seguridad nacional en esta nueva etapa son altas, pero también lo es el legado que recibe, lo que le permitirá seguir adelante con una estrategia clara y con el respaldo de las instituciones más fuertes que ha dejado el proceso de transformación de López Obrador.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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