La sentencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México, es un recordatorio contundente de los profundos daños que la corrupción ha infligido en nuestro país. Lejos de ser un caso aislado, su vínculo con el narcotráfico refleja un entramado en el que las instituciones responsables de garantizar la seguridad se ven infiltradas por intereses criminales. La complicidad entre las autoridades y el crimen organizado debilita el estado de derecho y deja a la ciudadanía en un estado constante de vulnerabilidad.
La guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, se ha traducido en un ciclo de violencia que, más de una década después, parece no tener fin. El enfoque punitivo, basado en la militarización de las calles, ha provocado miles de muertos, desapariciones y un clima de terror en amplias regiones del país. A pesar de estos costos, los resultados han sido escasos, y la violencia persiste. La condena de García Luna pone en evidencia que el problema no se resuelve con más fuerza, sino atendiendo las causas estructurales de la violencia.
La corrupción, en este contexto, actúa como un motor que alimenta tanto la impunidad como el crecimiento del narcotráfico. Cuando quienes deberían combatir el crimen están al servicio de los criminales, el sistema se desmorona. En lugar de estrategias que privilegien la represión, es fundamental atacar de raíz la corrupción dentro de las instituciones de seguridad y justicia. Sin esta depuración, cualquier esfuerzo será insuficiente.
Es necesario un enfoque de seguridad que considere las causas profundas que llevan a miles de jóvenes a integrarse en las filas del narcotráfico. La falta de oportunidades, la desigualdad y la exclusión social son factores que han sido ignorados durante años. No se puede pedir a una juventud marginada que elija otro camino cuando el Estado no les ofrece alternativas viables.
La violencia no se combate solo con balas. Es indispensable que el gobierno invierta en programas de desarrollo social, educación y empleo, sobre todo en las regiones más afectadas por el narcotráfico. Estos esfuerzos, aunque tardarán en mostrar resultados, son los únicos que pueden garantizar una paz duradera. Por ello la importancia de programas sociales que implementó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y que Claudia Sheinbaum continúa como: Jóvenes Construyendo el Futuro, La Beca Benito Juárez, instituciones como el IMSS Bienestar, entre otros.
La guerra contra el narcotráfico iniciada por el fraude electoral de 2006, con Felipe Calderón, también tuvo un impacto devastador en los derechos humanos. Las violaciones cometidas por las fuerzas armadas debido a las ordenes de García Luna y Felipe Calderón, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, han sido documentadas una y otra vez por organizaciones nacionales e internacionales.
El caso García Luna también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los políticos y funcionarios que impulsaron o defendieron esta estrategia fallida. La lucha contra el narcotráfico no puede ser usada como pretexto para justificar el abuso de poder y la corrupción.
En definitiva, la seguridad debe entenderse como un concepto mucho más amplio que la simple reducción de la violencia. Implica construir un Estado de derecho sólido, donde la justicia sea accesible para todos y no esté sujeta a los intereses del poder económico o criminal, por ello la importancia de la Reforma Judicial, la cual garantizar condiciones dignas de vida para la población, cerrando las brechas de desigualdad que alimentan el ciclo de violencia y privilegia un estado de derecho y una justicia pronta y expedita.
La sentencia de García Luna marca un precedente importante, pero no es suficiente. Debe ser el punto de partida para una transformación real en la política de seguridad, donde la justicia, la honestidad y la atención a las causas estructurales del narcotráfico sean el eje central de cualquier estrategia, como la planteada por la Dra. Claudia Sheinbaum y su secretario de seguridad Omar García Harfuch. Sin ello, seguiremos atrapados en un ciclo de violencia y corrupción que solo beneficia a unos cuantos, a costa de millones de vidas.
También hay que reconocer el esfuerzo que en la Ciudad de México se hace para prevenir la violencia y romper con las desigualdades, la propuesta que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, implementó con su plan para erradicar la pobreza en la capital, permitirá que el centro político, cultural y económico del país se convierta en un territorio libre de violencia.
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