En los primeros días de junio de 2025, Los Ángeles California se transformó en un escenario de tensión y miedo cuando miles de agentes federales y militares irrumpieron en sus barrios de inmigrantes. Con imágenes de granadas aturdidoras estallando bajo los pies de manifestantes pacíficos y columnas de gas lacrimógeno nublando las avenidas, quedaron al desnudo las fisuras de un sistema que privilegia las cifras por encima de la dignidad humana. Fue entonces cuando el Gobierno de México alzó la voz con firmeza y responsabilidad: activó consulados, desplegó brigadas de asistencia legal y puso en marcha el programa “México te Abraza” para acompañar a nuestros connacionales. Hoy, más que nunca, resulta imprescindible examinar no solo lo ocurrido en ese momento, sino también entender la respuesta que ofreció nuestro país y la visión de reforma migratoria integral capaz de convertir un conflicto en una plataforma de cooperación y respeto mutuo entre naciones.
Las calles aledañas al Distrito de la Moda y al Edificio Federal fueron testigo de la operación más masiva de detenciones en Los Ángeles desde la llegada de la administración Trump. El 6 de junio marcado por el despliegue simultáneo de ICE, 4 000 guardias nacionales, 700 marines y agentes del FBI y la DEA, que dejaron entre 35 y 45 mexicanos detenidos, muchos de ellos sin historial judicial, en apenas dos días. Quienes vieron llegar a los uniformados relatan a diario el mismo guion de miedo: familias enteras interrumpidas, trabajadores cuyos rostros se tornaron pálidos al escuchar órdenes de arresto, vecinos que improvisaron barricadas con contenedores de basura para proteger a sus amigos de una detención arbitraria.
Al caer la noche, las denuncias de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) describieron el operativo como una violación al estatus de “ciudad santuario” y apuntaron a una estrategia de “violencia estatal” que destrozó la esperanza de quienes buscan solo ganarse el pan diario. Entre gases y gritos, niños preguntaban a sus padres si volverían a casa y ancianos recordaban que cualquier vecino podía ser el siguiente. Esta realidad, teñida de dolor, puso de relieve la urgencia de un enfoque distinto, más humano y respetuoso del debido proceso.
Aunque las redadas fueron la chispa de aquella indignación, sus raíces se hunden en una década de políticas de “tolerancia cero”, la separación forzada de familias y el controvertido programa “quedarse en México” para solicitantes de asilo. California, pionera en declarar sus ciudades santuario desde 1979 y reforzada por leyes como la SB54, se alzó en defensa de quienes carecen de estatus legal. Aun así, cerca del 10 % de la población angelina sobrevive cada día sin documentos, sosteniendo la economía local con su esfuerzo en la agricultura, la construcción y la manufactura. Ese entramado de contribuciones y vulnerabilidades explica por qué la comunidad reaccionó con tanta fuerza: defendían su vida, su trabajo y el derecho a la esperanza que construyen con cada jornada.
Frente a esa crisis humanitaria, México respondió con una estrategia clara y compasiva. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó con contundencia que “nuestras paisanas y paisanos en Estados Unidos son gente de bien, cuyo esfuerzo diario fortalece la sociedad y la economía del país de acogida”. Instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que cada consulado en Los Ángeles, San Francisco y otras plazas estratégicas activara brigadas de asistencia legal y consular, garantizando asesoría jurídica gratuita y acompañamiento en todo el proceso.
Paralelamente, el programa “México te Abraza” se habilitó para ofrecer un retorno voluntario dignificado a quienes prefirieran regresar, con transporte, albergue y apoyo en reinserción laboral. El canciller Juan Ramón de la Fuente estableció contacto inmediato con la Embajada de EE. UU., demandando transparencia en los procedimientos y el pleno respeto al debido proceso. En las conferencias matutinas, la presidenta reforzó que esta solidaridad no busca confrontación: “No somos instigadores de violencia; apostamos al diálogo y a las soluciones integrales”. Con este equilibrio, firme en la defensa de los derechos humanos y respetuoso de la relación bilateral, México demostró que un enfoque humanizado puede combinarse con la defensa de la ley y la seguridad de las comunidades.
Para transformar esta crisis en oportunidad, México propone una reforma migratoria integral basada en tres ejes. Primero, el reconocimiento de la trayectoria y la contribución de quienes llevan más de diez años trabajando en sectores como la agricultura, los servicios y la industria, otorgándoles un estatus legal que les otorgue estabilidad y certidumbre. Segundo, la garantía del debido proceso, mediante protocolos claros que eviten detenciones arbitrarias, aseguren acceso a representación legal y prohíban prácticas de intimidación como las vistas en Los Ángeles, mientras organismos independientes supervisan la transparencia de las cifras de arrestos. Tercero, la corresponsabilidad regional, desplegando inversiones conjuntas en comunidades de origen para mitigar las causas estructurales de la migración forzada, creando rutas seguras de tránsito y estableciendo brigadas binacionales de capacitación policial centradas en combatir a las redes criminales, no a las familias trabajadoras. Así, la renovación de la política migratoria dejaría de ser una concesión y se convertiría en un proyecto binacional de prosperidad compartida.
Lejos de una confrontación estéril, México se presenta como un aliado propositivo que respeta la soberanía de su vecino del norte y defiende la dignidad de nuestros compatriotas. Mientras líderes como Gavin Newsom y Karen Bass alzaron su voz contra las redadas, el Gobierno de México añadió un matiz constructivo: propuso soluciones tangibles, inspiradas en la colaboración y la protección de derechos fundamentales. Organizaciones como la ACLU y CHIRLA, piezas claves del tejido civil estadounidense, respaldan la demanda de revisar el uso de la fuerza y preservar las ciudades santuario. Este consenso entre sociedad civil, gobiernos locales y diplomacia mexicana demuestra que el verdadero desafío no yace en la retórica agresiva, sino en sentar las bases de una política común que respete las normas de ambos países y la dignidad humana.
Proteger a quienes día a día construyen comunidades sin más armas que su trabajo es el verdadero testimonio de la grandeza de un país. Con solidaridad y corresponsabilidad, México extiende su mano para liderar una agenda migratoria que ponga fin al terror de las redadas y abra las puertas a un futuro compartido. Solo así demostraremos que un verdadero vecino no genera miedo, sino esperanza y oportunidades para todos.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
Comentarios