Querétaro enfrenta una controversia jurídica y social tras la decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de buscar una pena de tres años de prisión y una indemnización de 500 mil pesos contra Esmeralda, una adolescente indígena de 14 años, quien sufrió un aborto espontáneo. Su embarazo fue producto de una violación, pero la Fiscalía cerró la investigación contra el agresor, quien fue eximido de cualquier imputación penal.
Este caso ha generado críticas y protestas de colectivos feministas y defensores de derechos humanos, quienes consideran que se está criminalizando a una víctima menor de edad y se ignoran los derechos de la mujer. Mayra Dávila Alvarado, representante del colectivo feminista Adax Digitales, ha sido una de las voces más activas en exigir que el Código Penal de Querétaro, en sus artículos 136 al 142, sea reformado, pues actualmente sanciona con prisión a mujeres que deciden interrumpir un embarazo, independientemente de las circunstancias.
Dávila Alvarado explicó que Esmeralda quedó embarazada a causa de una violación cometida por un joven de 17 años. Por temor a represalias, la menor no denunció el abuso. Cuando sufrió el aborto espontáneo, fue llevada a un centro de salud donde se confirmó que había perdido al feto de manera involuntaria. A pesar de ello, la FGE determinó abrir una investigación bajo la figura de homicidio calificado tras afirmar que el feto tenía 36 semanas y falleció por asfixia.
La respuesta judicial incluyó la orden de prisión domiciliaria para Esmeralda, a quien el Poder Judicial de Querétaro vinculó a proceso. La situación ha llamado la atención a nivel nacional. Citlali Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres federal, expresó su indignación a través de sus redes sociales y solicitó una mesa de diálogo con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y representantes de la FGE para abordar el tema con perspectiva de género y derechos humanos.
Mientras tanto, Adax Digitales y otros colectivos han impulsado protestas en espacios públicos, como el jardín Zenea en el centro de Querétaro, donde colocaron un “tendedero” para visibilizar casos de deudores alimentarios y exigir reformas al código penal estatal. Estas organizaciones también lograron un amparo en septiembre, donde un juez federal declaró inconstitucionales varios artículos del Código Penal queretano, señalando que criminalizan ilegalmente a las mujeres que abortan.
La postura de Adax Digitales es clara: no es posible que en Querétaro se penalice a mujeres y acompañantes que deciden interrumpir un embarazo. Para el colectivo, la lucha por un cambio legislativo y el apoyo a Esmeralda son pasos esenciales en la defensa de los derechos de las mujeres.
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