Este martes, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, ofreció su informe quincenal de Cero Impunidad, en el cual se detalla la impartición de justicia, sin embargo, también exhibió como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández y sus aliados del Poder Judicial, han beneficiado descaradamente a criminales, entre otras irregularidades.
Entre las señaladas está Cecilia Crosman Flores, encargada de despacho del juzgado de primera instancia penal del distrito judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero, quien decretó la prescripción de Acción Penal por el delito de homicidio calificado de 9 personas a Héctor Luis “El Güero Palma”.
Igualmente se mencionó a José de Jesús Rodríguez Hernández, juegos de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal del estado de Guanajuato y ordenó la liberación de Guadalupe Israel “N”, “El Choncho”, y siete de sus cómplices, a pesar de ser detenidos en flagrancia.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, no salió exenta del informe y junto a la magistrada Gabriela Rolón Montaño, desechó el 17 de mayo una queja administrativa, promovida contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales, beneficiando a 4 presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco “N”.
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