¿Es hora de regular los medios?

Aunque el presidente López Obrador ha sido enfático en decir que la prensa se regula con la prensa y que no hace falta una legislación a los medios tradicionales, las cifras indican otra cosa. Según datos de la CELAG (2022), los medios de comunicación en América Latina atraviesan una grave crisis de credibilidad.

En México, 66.5% desconfía de los medios tradicionales; en Ecuador, 54.8%; en Chile, 66.7%; en Colombia, 64%; en Bolivia 69,1% y en Argentina 81.3%, por citar algunos ejemplos.

El derecho a la información es fundamental en cualquier democracia, y si bien todos tienen una postura política e ideología según el origen de su financiamiento o su pertenencia, lo cierto es que ninguno de ellos debería mentir, decir verdades a medias o tergiversar datos para beneplácito de nadie, por ello se vuelve necesario algún control o vigilancia para exigir mínimos de ética informativa y periodística.

En el caso mexicano se observa un fenómeno interesante: las posturas políticas a favor o en contra del gobierno cada vez son más evidentes y menos disimuladas en el ámbito periodístico y comunicativo. El llamado círculo rojo -medios convencionales, maquinaria periodística e intelectuales orgánicos al servicio de oligarcas- pasó de ser un grupo selecto, conocido y respetable a uno cada vez más irrelevante y falto de credibilidad para la mayoría de la población, llegando al absurdo de caer en contradicciones burdas, radicalismos insultantes y maniqueísmo superficial, todo en detrimento de la calidad informativa y de análisis político que necesita la sociedad mexicana, y cuyos miembros han encontrado refugio en medios alternativos, redes sociales, o que directamente recurren a la fuente original en la “Conferencia Mañanera” del presidente López Obrador.

En Ecuador se propuso una regulación a los medios durante el gobierno del presidente Rafael Correa, y si bien la intención fue buena, el planteamiento y resultado final no lo fueron tanto, porque fue tomado como ataques a la libertad de expresión, pero al menos sentó un precedente importante en la región.

En Argentina hay una especial preocupación por la gran inestabilidad política y económica que atraviesa ese país, y cuyos medios de comunicación como el Clarín y otros aliados con la derecha más neoliberal se han dedicado a justificar decisiones del gobierno Macrista que convirtió a ese país en el más endeudado del mundo como proporción de su PIB, y que al mismo tiempo apoyan el lawfare ejercido contra Cristina Kirchner, ello mientras utilizan al Peronismo de manera hipócrita para captar votantes.

En Bolivia, los medios de comunicación se dedicaron a justificar el golpe de Estado en contra de Evo Morales y del MAS, todo con el auspicio de Washington y en complicidad con las élites económicas que se vieron afectadas por las políticas públicas de un gobierno que utilizó sus vastos recursos naturales para ayudar a la población en vez de favorecer el entreguismo y negocios para unos cuantos. Afortunadamente, el gobierno golpista de Añez cayó por la reivindicación en elecciones democráticas del MAS, a pesar de la desinformación de los medios de derecha.

En América Latina, la mayoría de medios de comunicación son propiedad de grandes oligarcas que buscan proteger sus intereses económicos y tener influencia política, y mientras esta estructura no cambie y no exista una regulación orientada a tener información veraz, real y objetiva; la democracia estará en riesgo, la inestabilidad política estará a la orden del día y los gobiernos progresistas no lograrán su objetivo fundamental de ayudar a quien más lo necesita, todo en perjuicio de las grandes mayorías.