No era muy difícil entender que el proceso para la designación de gobernador interino en Nuevo León, fue muy mal ejecutado. Al menos para alguien atento al contenido del sistema normativo constitucional de la entidad y el federal.
Sin embargo, parece patente que no lo fue así para los diputados de la actual legislatura del Congreso de Nuevo León; cosa que tampoco vio con malos ojos el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León (TSJENL) y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León (CJNL).
Así las cosas, con este acto resulta válido cuestionar ¿en qué manos estamos? Porque ¿cómo es posible que el máximo responsable del poder judicial en Nuevo León, así como los miembros del Congreso que votaron a su favor, desconocían que el acto que estaban por realizar, y que terminaron por concretar, era inconstitucional?
Acaso ¿no conocen la constitución? Porque, de ser así, entonces se expondría que no se sabe, a ciencia cierta, qué fue lo que aprobaron los diputados de Nuevo León el año pasado; casualmente, el mismo mes de octubre, y que anunciaron con bombo y platillo: la «nueva» (que no es nueva) Constitución de Nuevo León.
Pues bien, dejando eso de lado, resulta que el séptimo juzgado de distrito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en el incidente de suspensión 2268/2023, determinó que se transgredieron los artículos 62; 118, fracción V; y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (CPENL).
Por tanto, se detalla que el presidente del TSJENL y el CJNL estaba impedido para ocupar el cargo de gobernador interino, ya que tomó protesta cuando aún ostentaba dichos cargos en el poder judicial.
Pero el problema no acaba ahí, ya que esta determinación es el resultado de un incidente de suspensión, es decir, de un juicio pequeño antes de llevar a cabo la audiencia constitucional (el juicio de amparo). Por tanto, las cosas aún pueden cambiar.
Aquí el punto es que el estado de derecho está en constante incertidumbre. Sin embargo, el lado bueno de estos casos es la posibilidad de analizar con mayor profundidad la situación jurídica y política que se vive en la entidad.
Por lo mismo, el fortalecimiento del pensamiento crítico es vital para consolidar el estado de derecho y la democracia. Por el contrario, valerse del argumento de autoridad puede llevar a consolidar este tipo de situaciones indebidas.
De ahí que la reciente preocupación sobre las decisiones judiciales, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no deben tomarse a la ligera, ya que el poder judicial también forma parte del contexto político, no es un organismo que esté fuera de la jugada o que sea irrelevante.
Por lo pronto, habrá que esperar cuál será la resolución final de este asunto. Nuevo León pasa por una situación inédita que no beneficia a la gran mayoría, aunque algunos no lo noten.
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