El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Osvaldo Peralta Rivera, denunció que en la administración de Lorenzo Córdova Vianello se detectaron irregularidades por más de 400 millones de pesos.
En una reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el contralor señaló que existen diversas denuncias en curso en contra de “los más altos funcionarios”.
Hay denuncias en curso, no puedo dar detalles por el sigilo de la investigación, lo que sí les puedo decir es que si derivado de las investigaciones y del desarrollo del procedimiento y de su garantía de audiencia.
Sostuvo Peralta Rivera.
Abundó que en caso de ser encontrados responsables los funcionarios que actualmente labora en el INE la sanción pudiera llegar a la destitución directa e inhabilitación, aunque explicó que en el caso de los altos funcionarios como Lorenzo Córdova, como ya no son comisionados en el órgano electoral, solo ameritaría una amonestación para efectos de registro.
Explicó que las investigaciones fueron ordenadas por el INE y que derivan de un libro denominado “memorias”, iniciadas una vez que Córdova Vianello concluyó su gestión como presidente del Consejo General del INE.
Por su parte, el diputado del PRI, Pablo Angulo, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, sostuvo que el manejo de los recursos de Lorenzo Córdova, exhiben una opacidad y gastos exorbitantes e incensarios.
En un aproximado se estiman 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE que no sólo no está transparente y opaco sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos.
Señaló Pablo Angulo.
Asimismo, el contralor Luis Osvaldo Peralta Rivera destacó el caso de un edificio del INE en el estado de Zacatecas, en el que se detectó un daño al erario público por más de 16 millones de pesos, debido a que la construcción presenta filtraciones y fallas en la planta de tratamiento de agua.
También, recordó que durante la gestión del ahora vocero de la derecha se pretendió hacer una licitación opaca para el arrendamiento de más de mil vehículos por un monto que superaba los 50 millones de pesos. Aunque la rápida intervención del OIC se pudo hacer la licitación por 243 millones de pesos.
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