En la conferencia matutina de hoy, 11 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un vídeo que revela el impacto devastador causado por la planta de extracción de materiales de Calica en Quintana Roo. El mandatario no solo mostró las consecuencias ambientales, sino que cuestionó la actitud de aquellos que en gobiernos anteriores otorgaron permisos a Calica y ahora “defienden el medio ambiente y los Derechos Humanos”, a pesar de que nunca prestaron atención a las poblaciones vulnerables.
Este último cuestionamiento lo dirigió específicamente a Julia Carabias, titular de la Secretaría del Medio Ambiente federal durante el sexenio de Zedillo, que autorizó la explotación de la mina Calica y ahora se abandera como ambientalista y defensora de derechos humanos.
En Quintana Roo, las actividades de extracción de material pétreo de la mina Calizas Industriales del Carmen, conocida como Calica y ahora denominada Sac-Tun, han dejado un rastro de destrucción en una extensión de 2 mil 400 hectáreas en la zona de Playa del Carmen. Los estragos incluyen deforestación, pérdida de manglares, muerte de especies en peligro de extinción y modificaciones en ríos subterráneos y cenotes.
La magnitud de los daños revela que la extracción de piedra caliza atravesó áreas de ríos subterráneos, impactando gravemente los ecosistemas conectados. La remoción del material no solo afectó los ríos, sino que también dañó los manglares, cruciales como refugio para diversas especies.
El presidente López Obrador responsabilizó con justa razón a los gobiernos anteriores por ignorar esta problemática, incluso señalando el área como zona de desove de especies importantes. Esta devastación generalizada fue posible debido a la negligencia de administraciones pasadas, que otorgaron áreas a empresas privadas sin garantizar la protección ambiental.
Es importante destacar que esta práctica irresponsable viene desde el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando la titular de la Secretaría del Medio Ambiente federal era Julia Carabias y autorizó la explotación de la mina Calica.
El presidente ha enfatizado la necesidad de tomar medidas concretas para remediar los impactos ambientales y evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. Este caso es un llamado es a aprender de los errores del pasado y asegurar que las políticas gubernamentales prioricen la preservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades afectadas.
La batalla de AMLO por el medio ambiente
A principios de mayo del año pasado, las autoridades mexicanas tomaron la decisión de clausurar temporalmente las instalaciones de la constructora estadounidense Vulcan Materials en Quintana Roo, donde se llevaba a cabo la extracción de piedra caliza. Esta medida fue tomada debido al “deterioro grave a los ecosistemas” de la zona, una acción que la compañía considera como ilegal. La administración se centró en la recuperación de esta área protegida, mientras que el presidente buscaba un acuerdo con la empresa Calica para adquirir un predio de 2 mil hectáreas de selva, con la intención de declarar una parte del terreno como Área Natural Protegida, y convertir la otra en un centro de recreación público.
Como consecuencia de la clausura de la explotación de piedra caliza, Calica demandó al gobierno de México, exigiendo una indemnización de mil 500 millones de dólares. Es importante destacar que durante la transmisión de un video, el presidente López Obrador reveló diversas irregularidades cometidas por la compañía estadounidense.
Durante 36 años, la empresa extrajo roca caliza en la Riviera Maya, devastando 1200 hectáreas de selva, ríos subterráneos, cenotes y manglares para exportarla a Estados Unidos. El impacto ambiental fue significativo, afectando a 942 especies, incluyendo 529 de fauna y 413 de flora. Además, Calica utilizó ilegalmente 20 veces más el volumen de agua subterránea autorizado, lo que provocó el colapso de cavernas y el hundimiento de una carretera.
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