Durante la conferencia matutina, Edna Elena Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), presentó los avances del Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos ocurridos en 2017. Vega informó que se han realizado un total de 71,277 acciones en diez estados y 889 municipios del país, con una inversión de 33,496 millones de pesos. Según la funcionaria, el 99.7% de las acciones ya están concluidas, mientras que el 0.3% restante se encuentra en proceso, beneficiando a más de 34 millones de personas.
El programa ha generado 496,463 empleos directos y 602,746 empleos indirectos, lo que ha tenido un impacto significativo en las comunidades afectadas. Vega destacó que se han realizado 62,685 acciones en materia de vivienda con una inversión social de 10,155 millones de pesos en 250 municipios. Además, se llevaron a cabo 436 acciones de vivienda patrimonial con una inversión de 434 millones de pesos. La funcionaria enfatizó que estas acciones han beneficiado a poblaciones vulnerables, incluyendo a 20,946 personas indígenas y 24,858 adultos mayores, y han generado 265,713 empleos directos.
Durante la presentación, Vega Rangel mostró un video que incluía testimonios de ciudadanos afectados por los sismos, quienes relataron las condiciones de desatención en las que vivieron durante la administración pasada. Los testimonios revelaron que los apoyos destinados a la reconstrucción, como los del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), fueron objeto de robos y corrupción. Vega destacó que la administración actual recibió un “desastre administrativo”, pero que los trabajadores y funcionarios de la Cuarta Transformación (4T) han trabajado para atender las necesidades de las personas afectadas.
La subsecretaria subrayó que las labores de reconstrucción se centraron en acciones fundamentales, como la rehabilitación de viviendas, escuelas y hospitales, proyectos que habían sido aplazados en la administración anterior. El esfuerzo coordinado ha permitido que la mayoría de las obras estén concluidas y listas para su uso, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos afectados por los desastres naturales.
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