En un histórico debate que se prolongó por más de siete horas y media, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Constitución que devuelve el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 353 votos a favor, 126 en contra y 0 abstenciones, la iniciativa avanza con el firme compromiso de fortalecer la seguridad del pueblo mexicano.
La reforma permitirá que la Guardia Nacional se integre de manera más efectiva a la estructura de la Sedena, reforzando así sus capacidades y mejorando la coordinación con el Ejército. Además, se facultará a los legisladores para crear una ley de seguridad interior que regule la participación de los militares en labores de seguridad pública, una medida que busca enfrentar las crecientes amenazas de la delincuencia organizada bajo una supervisión civil que evitará los excesos del pasado.
En el debate, legisladores de la 4T defendieron la iniciativa al considerar que dotará a la GN de una estructura más sólida y coordinada, con la supervisión necesaria para mantener el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, la oposición argumentó que la reforma profundiza la militarización del país, lo que podría poner en riesgo los derechos civiles.
Durante la discusión, las bancadas del Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) intentaron frenar la reforma mediante mociones suspensivas que fueron rechazadas. Con la sesión en marcha, se desarrollaron diversas intervenciones desde la tribuna, en las que los legisladores expusieron sus argumentos a favor y en contra de la reforma.
Desde sus curules, diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mostraron pancartas con palabras como “Capacidad”, “Disciplina” y “Confianza”, destacando que la Guardia Nacional cuenta con mejores índices de percepción de confianza ciudadana en comparación con la extinta Policía Federal. Afirmaron también que la reforma no implica una militarización de la seguridad pública, sino una integración que dotará a los elementos de la GN de mejores condiciones laborales y un marco operativo más eficiente.
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