Con 22 votos a favor y 18 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La propuesta, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, modifica varios artículos de la Constitución para redefinir la estructura y función de la Guardia Nacional. El proyecto la transforma en una fuerza de seguridad pública permanente, compuesta por personal militar con formación policial y bajo el mando directo de la Sedena. La Guardia Nacional ahora tendrá la facultad constitucional de investigar delitos, un papel que compartirá con el Ministerio Público y otras fuerzas policiales.
Durante la discusión en lo particular, diputados de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron un total de 22 reservas al dictamen, buscando modificar aspectos específicos del proyecto. A pesar de las reservas y el debate, la mayoría de los legisladores respaldó la reforma, que ahora avanza hacia su próxima etapa en el proceso legislativo.
El proyecto establece que el Ministerio Público, junto con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno y la Guardia Nacional, deberán coordinarse para garantizar la seguridad pública en el país. Esta coordinación es vista por el gobierno como una medida esencial para fortalecer la seguridad, mientras que los críticos temen que la militarización podría tener consecuencias negativas para los derechos civiles y la gobernanza democrática.
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