Introducción
La transformación digital del Estado representa uno de los desafíos más significativos y urgentes del siglo XXI para las democracias latinoamericanas. Frente a contextos marcados por desigualdades históricas, burocracias ineficientes y desconfianza ciudadana, el gobierno digital aparece no como una solución tecnocrática aislada, sino como una oportunidad política para democratizar el acceso a derechos, ampliar la participación y fortalecer el papel del Estado como garante del bienestar colectivo.
Desde una perspectiva progresista, el gobierno digital no debe centrarse únicamente en la automatización de trámites o la eficiencia institucional, sino en la creación de condiciones para una ciudadanía empoderada, informada y protegida en el entorno digital. La digitalización, entendida como política pública estructural, debe estar orientada por los principios de equidad, transparencia, inclusión y justicia social.
Este texto analiza el avance del gobierno digital en América Latina con énfasis en el caso mexicano, destacando sus transformaciones institucionales, sus principales logros y los dilemas que enfrenta una agenda digital comprometida con los derechos humanos.
América Latina: Tecnología para el Pueblo, no para el Mercado
En América Latina, el proceso de digitalización ha sido desigual, pero avanza con un objetivo común: acercar el Estado a las personas. Iniciativas como identidades digitales universales, ventanillas únicas electrónicas y plataformas públicas de datos abiertos han permitido que millones de ciudadanos accedan a servicios antes inaccesibles. Este fenómeno responde a la necesidad de construir Estados más presentes, eficaces y sensibles ante las demandas sociales.
Uruguay, Colombia, Chile y Perú destacan por sus avances en interoperabilidad institucional, ética de la inteligencia artificial, y diseño centrado en el ciudadano. Estos logros son el resultado de políticas públicas deliberadas que han entendido la tecnología como un bien común y no como una mercancía al servicio del lucro privado.
Sin embargo, los desafíos persisten. Las brechas digitales reflejan las mismas desigualdades que estructuran nuestros territorios: acceso limitado en zonas rurales, analfabetismo digital en poblaciones marginadas, y escasa participación ciudadana en el diseño de estas políticas. Frente a ello, una visión progresista exige que la transformación digital se convierta en una palanca de redistribución del poder y del conocimiento.
México: Avances institucionales para un Estado más justo
México ha iniciado una reconfiguración profunda en su política digital. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en 2024 representa una apuesta por fortalecer la rectoría del Estado en temas estratégicos: telecomunicaciones, ciberseguridad, infraestructura tecnológica e identidad digital.
Lejos de delegar estos asuntos al sector privado, el gobierno federal ha recuperado su capacidad de planeación, regulación y ejecución tecnológica. Este proceso se acompaña de una política de soberanía digital basada en el desarrollo de software público, la integración de bases de datos interoperables y la producción nacional de herramientas tecnológicas al servicio de la ciudadanía.
En el centro de esta estrategia está Llave MX, una plataforma que busca consolidar la identidad digital de cada persona mexicana, permitiendo acceder a servicios de salud, educación, justicia y seguridad sin intermediarios ni exclusiones. Esta iniciativa, que forma parte de una visión de Estado social, apunta a eliminar barreras burocráticas y a reducir los costos del acceso a derechos fundamentales.
Asimismo, la implementación de la CURP biométrica, prevista para generalizarse en 2026, constituye un paso más hacia la consolidación de una ciudadanía digital universal. Esta herramienta integrará elementos biométricos con altos estándares de seguridad y permitirá garantizar, de forma más efectiva, la identidad de millones de personas en procesos como el voto, la afiliación a programas sociales o el acceso a servicios financieros públicos.
Derechos, participación y vigilancia: dilemas necesarios
Pese a estos avances, es imprescindible subrayar que toda transformación digital conlleva riesgos. Desde una óptica progresista, la defensa de los derechos digitales debe ocupar un lugar central. La recopilación masiva de datos biométricos, el cruce automatizado de información y la centralización de plataformas deben estar sujetas a principios de transparencia, control democrático y garantías de no discriminación.
La desaparición de organismos autónomos como el INAI ha generado legítimas preocupaciones sobre la protección de los datos personales. La vigilancia tecnológica sin contrapesos institucionales puede convertirse en una herramienta de control, silenciamiento o exclusión, especialmente en contextos autoritarios. Por ello, resulta imprescindible diseñar políticas de protección de datos que estén alineadas con los estándares internacionales y, al mismo tiempo, que respondan a las particularidades de nuestros contextos.
Un gobierno digital desde la izquierda debe garantizar que los avances tecnológicos no reproduzcan desigualdades ni excluyan a los más vulnerables. Esto implica también fomentar procesos de participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las plataformas tecnológicas públicas, permitiendo que la sociedad civil, la academia y las comunidades organizadas tengan voz en la construcción del Estado digital.
Conclusión: un Estado digital con vocación democrática
La digitalización de la gestión pública no puede reducirse a un discurso de eficiencia o modernización administrativa. Desde una mirada progresista, el gobierno digital debe ser una herramienta para ampliar derechos, democratizar el acceso a los servicios públicos, y reducir las desigualdades estructurales que históricamente han limitado el desarrollo de nuestros pueblos.
México, al igual que otros países de América Latina, se encuentra ante una oportunidad histórica: consolidar un Estado digital que no sea una copia tecnocrática del viejo aparato burocrático, sino una nueva forma de ejercer el poder público con justicia, participación e inclusión. Esto implica, necesariamente, gobernar la tecnología con principios democráticos, fortalecer la institucionalidad pública, y construir ciudadanía digital con enfoque de derechos.
La digitalización con derechos no es solo un camino técnico, es una apuesta política por un futuro más justo.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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