La transición de gobierno en la alcaldía Álvaro Obregón ha destapado una serie de irregularidades atribuidas a la gestión de la panista Lía Limón. Según denunció el nuevo titular de la demarcación, Javier López Casarín, las anomalías incluyen desde el manejo opaco de recursos en estancias infantiles privadas, hasta problemas en contratos de seguridad y patrullas, además de una contingencia jurídica que supera los 200 millones de pesos.
Estancias infantiles en el centro del debate
López Casarín informó que una auditoría en curso ha detectado inconsistencias graves en el programa de apoyo a 28 estancias infantiles privadas, las cuales recibieron un total de 72 millones de pesos. Estas instalaciones, que atendían a aproximadamente 1,200 menores, en muchos casos operaban en casas habitación que no cumplían con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los niños.
Con base en las reglas de operación del programa, cada estancia recibía un promedio de 75 mil pesos. Sin embargo, una de ellas ya ha sido dada de baja tras el cambio de administración. En contraste, López Casarín aseguró que su gobierno priorizará la inversión en los 10 centros de atención y desarrollo infantil públicos que opera directamente la alcaldía.
Problemas en seguridad pública
En el ámbito de seguridad, López Casarín reveló que la administración pasada suscribió tres contratos cuestionables. Uno de ellos, con una empresa de seguridad privada, está siendo investigado para determinar su función y la utilidad del servicio contratado.
Otro contrato, que contemplaba la instalación de 3,100 cámaras de vigilancia, resultó problemático porque los dispositivos no funcionan debido a la falta de pago al proveedor, quien ha presentado una demanda en contra de la alcaldía. Asimismo, se revisa el arrendamiento de 113 patrullas, de las cuales 79 han sido localizadas, mientras que las restantes fueron dadas de baja bajo circunstancias que aún se investigan.
Una deuda jurídica millonaria
En materia de litigios, López Casarín detalló que su administración enfrenta una contingencia jurídica de alrededor de 200 millones de pesos. Esta cifra incluye 220 amparos laborales por un pasivo de 150 millones de pesos, 713 casos de nulidad equivalentes a 35 millones, además de 14 millones por adquisiciones y 20 millones por obras públicas inconclusas.
Otro de los problemas identificados es la limitada capacidad de respuesta de la alcaldía en cuanto a fugas de agua. Según López Casarín, la infraestructura actual permite atender solo cinco reportes diarios, frente a los 50 casos que se registran en promedio cada día.
Más irregularidades en otras alcaldías
En las mesas de trabajo realizadas por el Congreso de la Ciudad de México, representantes de otras alcaldías también enfrentaron cuestionamientos. Por ejemplo, al alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, se le interrogó sobre un presunto gasto de 80 millones de pesos en publicidad y mercadotecnia. Según el diputado Paulo García, esos recursos podrían haberse destinado al mantenimiento de 83 escuelas o a la reparación de más de 22 mil metros de drenaje.
Con estos hallazgos, López Casarín destacó que su administración continuará investigando para esclarecer las irregularidades y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y eficiente.
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