El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado a más de 38 años de prisión por un tribunal de Nueva York. La sentencia fue emitida por el juez Brian M. Cogan, quien determinó que García Luna recibió sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar el transporte de más de un millón de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Durante su mandato entre 2006 y 2012, García Luna ocupó el cargo más alto en materia de seguridad en México, controlando a la Policía Federal.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EE.UU., García Luna permitió que el cártel operara con impunidad, desviando los esfuerzos de las fuerzas de seguridad mexicanas que debían combatir al narcotráfico. Además de los sobornos, se demostró que el exfuncionario proporcionaba uniformes y credenciales de la Policía Federal a los miembros del cártel, lo que les permitió transportar grandes cantidades de droga por el país y hacia Estados Unidos sin ser detectados. Esta corrupción dentro de las instituciones mexicanas fue clave para el éxito del Cártel de Sinaloa.
Anne Milgram, administradora de la DEA, destacó que esta sentencia envía un mensaje contundente: “Ningún funcionario está por encima de la ley”. Por su parte, Katrina W. Berger, directora de HSI, resaltó el compromiso de las agencias estadounidenses para desmantelar las redes de narcotráfico que afectan a ambas naciones. El caso de García Luna es considerado uno de los ejemplos más significativos de colusión entre altos funcionarios y organizaciones criminales.
La sentencia también contempló las acciones que García Luna tomó durante el juicio para obstruir la justicia. Según el tribunal, intentó sobornar a otros reclusos para que testificaran a su favor y así influir en el veredicto final. Estas acciones fueron consideradas como un agravante en la condena final. La colaboración entre el Departamento de Justicia de EE.UU., la DEA y otras agencias fue crucial para llevar a cabo la investigación y lograr esta condena histórica.
Este caso marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en México, particularmente en las instituciones de seguridad. La sentencia de más de 38 años de prisión de García Luna es vista como un paso decisivo en el esfuerzo por erradicar la influencia del crimen organizado en las estructuras del Estado.
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